El PRC considera que la modificación de la normativa estatal que baraja el Gobierno español para legalizar la situación de las viviendas con sentencia de derribo “puede contribuir a la solución”, sobre todo para los propietarios que adquirieron “de buena fe” y en lugares donde la construcción no resulta “inadmisible”.

Así lo ha señalado esta tarde el portavoz  del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, al término de la reunión que ha mantenido con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), a la que también ha asistido la diputada Matilde Ruiz.

En el encuentro, celebrado a petición de los afectados, AMA ha expuesto el alcance de esa modificación legal que, según ha explicado De la Sierra, aún está “muy verde”, porque es “un proyecto de anteproyecto”.

Por ello y con el fin de conocer en detalle los planes de la Administración, ha anunciado que su grupo solicitará que el documento sea remitido al Parlamento de Cantabria, para que los grupos puedan analizarlo y verificar si efectivamente posibilita una alternativa factible a los derribos.

Pago de daños morales

Los afectados también han trasladado su preocupación por la demora del compromiso del Gobierno de hacer efectivo el pago de las indemnizaciones por daños morales antes del verano, una demora que para el PRC “no tiene justificación”, dado que los presupuestos regionales incluyen una partida de 5 millones de euros para este fin.

“No hay ninguna razón para el impago, por lo que urgimos al Gobierno a abonar las cantidades prometidas”, ha precisado De la Sierra.

AMA también ha planteado al PRC su preocupación por la situación en que se encuentra el nuevo deslinde de las marismas de Santoña, Noja y Joyel, que puede afectar a más de un centenar de viviendas en Argoños.

De la Sierra ha precisado que el anterior Gobierno dejó “muy avanzados” los trabajos necesarios para llevar a cabo ese nuevo deslinde, por lo que los regionalistas lo apoyarán “siempre que se realice con rigor y sentido común”.

La ley aprobada en Cantabria el pasado mes de abril para que los derribos se produzcan una vez pagada a los propietarios la indemnización correspondiente ha sido otro de los temas abordados en la reunión, en la que AMA ha planteado la posibilidad de que la modificación de la normativa estatal incluya algunos artículos de la ley cántabra, con el fin de despejar cualquier duda sobre su constitucionalidad.