Los alcaldes del PRC acudirán el próximo 24 de julio al encuentro convocado por el presidente regional, Ignacio Diego, y suscribirán la declaración institucional contra la fractura hidráulica, aunque la consideran “innecesaria” y creen que no es más que una “operación de marketing” del jefe del Ejecutivo.

A pesar de sus recelos, los regidores regionalistas no quieren provocar “división” en el rechazo de la Comunidad Autónoma al fracking y propondrán al presidente que la declaración incluya cuatro medidas orientadas a evitar que esta técnica llegue a desarrollarse en la región: que el Gobierno de Cantabria recurra los actos de aplicación de los permisos hasta ahora aprobados por el Estado, que exija al Gobierno de la Nación la suspensión de los mismos, que reclame la modificación de la Ley de Hidrocarburos para que las autonomías puedan prohibir el uso de esta técnica y que apoye las medidas que están impulsando los ayuntamientos con este fin.

Así lo ha dado a conocer hoy el vicesecretario general, Rafael de la Sierra, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a varios alcaldes para dar a conocer la posición de su partido ante la declaración institucional anunciada por Diego, a quien ha reprochado que en materia de fracking “no se le conoce ni declaración mala, ni obra buena”.

De la Sierra ha recordado que el PRC ha expresado “hasta la saciedad” su oposición a la fractura hidráulica y ha destacado que volverá a hacerlo el día 24 para “no escenificar escisiones” ni trasladar una imagen de división que pueda resultar negativa para los intereses de la región fuera de Cantabria.

Sin embargo, ha puesto una vez más de manifiesto la “incongruencia y la incoherencia” que en este tema han demostrado tanto Diego como el Partido Popular de Cantabria, cuyos diputados y senadores en Madrid han votado en las Cortes a favor del fracking, después de hacerlo en contra en la región.

De la Sierra se ha referido en concreto a la posición de la diputada regional y senadora autonómica, Tamara González, que apoyó en la Comunidad Autónoma la prohibición y luego votó a su favor en la Cámara Alta, donde además respaldó la modificación de la Ley de Hidrocarburos en la que se ha basado el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la prohibición cántabra.

Frente a esas posturas, el vicesecretario regionalista ha instado al Ejecutivo a “actuar”, recurrir los permisos concedidos hasta ahora y sumarse así a los ayuntamientos que ya lo han hecho, como Soba, que ha presentado recurso contra el proyecto ‘Angosto I’, mientras la Administración autonómica “no lo ha hecho, ni ha favorecido la iniciativa municipal”.

También ha reclamado que el presidente exija al Estado la paralización de esos permisos, con base en el informe elaborado por el Instituto Geológico Minero y que insiste en el peligro que conlleva esta técnica.

De la Sierra ha abogado asimismo por el cumplimiento de las dos resoluciones, una del PP y otra del PRC, aprobadas en el último Debate del Estado de la Región para adoptar medidas contra el fracking y reclamar al Estado la modificación legal necesaria para que las autonomías puedan prohibirlo en sus territorios.

Además, ha anunciado que si el presidente no asume las propuestas que le plantearán los alcaldes regionalistas el PRC pedirá el apoyo del Parlamento cántabro para hacer uso de su facultad legal de presentar en las Cortes una proposición de ley con este objetivo.

De la Sierra espera que la iniciativa anunciada ayer por el presidente regional no sea “un intento de escenificar una división que no existe” en torno a la fractura hidráulica, ni de trasladar a los ayuntamientos responsabilidades en relación con el uso de esta técnica.