El Partido Regionalista de Cantabria cree que el descenso de las inversiones y los nuevos recortes que incluye el presupuesto en prácticamente todas las áreas de gestión “agravarán” la crisis económica en 2013, ya que el Gobierno Regional no puesta por políticas que contribuyan a dinamizar la economía y “sigue haciendo recaer en los ciudadanos todo el peso de la crisis”.

En una primera valoración tras la presentación oficial de las cuentas y a falta de un estudio pormenorizado de las mismas, el vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha expresado su preocupación por la incidencia de los recortes incluso en las áreas declaradas prioritarias por el Ejecutivo, como la educación, con una caída que supera la media del presupuesto, cifrada en el 6 por ciento.

Asimismo, ha lamentado el “abandono” de las obras del Hospital Valdecilla, “con la excusa de una concesión que tampoco avanza”, y los descensos “muy alarmantes” en obras públicas, ganadería, medio ambiente, protección civil e incluso en el Servicio Cántabro de Empleo, cuya asignación retrocede un 6 por ciento “cuando el paro es a día de hoy el mayor problema de Cantabria”.

Por el contrario, ha asegurado que los gastos en los capítulos 1 y 2, relativos a la financiación de la estructura y los cargos directivos de la Administración, no solo no descienden, “como había prometido el presidente”, sino que incluso aumentan. En este sentido, ha destacado que el compromiso de Ignacio Diego de reducir en un 50 por ciento el número de altos cargos de libre designación se ha limitado a un descenso del 15% en el presente año 2012 y “desaparece” en el ejercicio de 2013, ya que el presupuesto “no sólo no refleja ningún ahorro, sino algún gasto más”.

“No parece que éste sea el presupuesto que necesita Cantabria para afrontar su recuperación”, ha lamentado el portavoz regionalista.

Además, se ha declarado “sorprendido” por la cuantía final aprobada, que alcanza los 2.292 millones de euros, cuando el propio presidente del Gobierno había anunciado públicamente que se situaría entre los 1.800 y los 2.050 millones. “No sabemos si ha sido por falta de rigor, por incapacidad, o por jugar al despiste, pero nos parece una grave falta de respeto a la opinión pública”.

También ha cuestionado “la escasa agilidad” del Ejecutivo a la hora de trasladar el documento a los servicios técnicos del Parlamento y a los grupos de la oposición, ya que lo han recibido tiempo después de que estuviera disponible en los medios de comunicación digitales.