El Grupo Parlamentario Regionalista considera posible el entendimiento con el Gobierno de Cantabria para apoyar la llamada Ley de Derribos, tras la reunión celebrada esta tarde con el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha aceptado un cambio de enfoque para que la nueva norma se ajuste mejor a la legislación vigente y a las competencias de Cantabria, sea “más respetuosa” con las resoluciones judiciales y “acorde al sentido común”.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha considerado “productivo” el encuentro y se ha declarado “moderadamente satisfecho”, aunque aún quedan flecos que serán abordados en una nueva reunión prevista para mañana.

Aunque desde el primer momento ha compartido el objetivo y parte de los contenidos del proyecto legal, el PRC había cuestionado el enfoque incluido en la exposición de motivos, al partir “lisa y llanamente de la confesada intención de impedir o demorar la ejecución de sentencias de derribo”, justificada en la imposibilidad material de abonar las indemnizaciones y en la necesidad de conseguir tiempo para ejecutar el plan elaborado por el Ejecutivo.

Si bien la necesidad de esta nueva reforma deriva precisamente del problema que suponen dichas sentencias, De la Sierra ha defendido que la motivación de la ley “no puede ser impedir, dificultar o eludir la ejecución”, dado que la Comunidad Autónoma carece de competencias en relación con la normativa sobre el procedimiento judicial.

Por ello, ha planteado una alternativa acorde con las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio y  dirigida a “la mayor eficacia de los planeamientos urbanísticos en tramitación y a proporcionar medios para evitar actuaciones irreversibles como el derribo sobre edificaciones que resultarían ajustadas a derecho en esos nuevos planeamientos, obviando cualquier referencia, y mucho menos limitación de su ámbito, a las edificaciones afectadas por sentencias y órdenes de demolición”.

Con este fin, el portavoz regionalista ha abogado por seguir “lo más fielmente posible” el régimen ya vigente en la Ley del Suelo en lo relativo al momento en que se pueden autorizar las edificaciones preexistentes al nuevo planeamiento, el órgano que debe otorgar la autorización, que debe ser el Pleno y no el alcalde, y la duración de esas autorizaciones, que a su juicio debe establecerse en tres años como máximo desde la aprobación inicial.

Asimismo, ha propuesto una ampliación del plazo de suspensión de licencias a dos años como máximo desde la aprobación inicial, sin perjuicio de la finalización de la suspensión en el momento de la aprobación definitiva.

“Con esta solución sobran todos los requisitos y salvedades que recoge el proyecto del Gobierno y que suponen un farragoso e innecesario trámite nuevo en la normativa de planeamiento”, ha explicado De la Sierra.

De este modo, la modificación legal dará a los jueces y a los tribunales una posibilidad de valorar la oportunidad de suspender, modificar o retrasar temporalmente la ejecución de las sentencias, cuando entiendan que ello supone “una mejor defensa del interés público, ponderando los intereses generales y particulares que pueden encontrarse en conflicto, y especialmente considerando la conveniencia de evitar daños irreversibles en edificaciones que serían legales en un breve espacio de tiempo con el nuevo planeamiento”.