El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha valorado hoy el “cambio de actitud” de los alcaldes del Partido Popular, que ha propiciado el pronunciamiento de la Federación de Municipios (FMC) en contra del anteproyecto de reforma de la Administración Local propuesto por el Consejo de Ministros y la aprobación de un documento de alegaciones que recoge el 90 por ciento de las propuestas realizadas por el PRC.

De la Sierra ha destacado el “calado y contenido” que la propia FMC atribuye a sus alegaciones y que le lleva a manifestar “su disconformidad” con la reforma y a instar al Gobierno de España a alcanzar un “imprescindible acuerdo” con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las federaciones territoriales.

Además, ha señalado que con su postura los regidores del PP no sólo secundan los planteamientos del PRC sino también los defendidos por el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, en contra de las tesis del presidente regional, Ignacio Diego, a quien ha urgido a “sumarse a las mismas tesis y defender a los ayuntamientos de Cantabria, en lugar de actuar en su contra”.

De la Sierra ha explicado que el documento de alegaciones aprobado ayer por la Comisión Ejecutivo de la FMC recoge “en el fondo y en la forma” la mayoría de las propuestas realizadas por el PRC para “reconducir los aspectos más lesivos de una reforma que, tal como está planteada, puede suponer en la práctica la desaparición de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y dejar sin competencias a los de menos de 20.000”.

Frente a esa situación y en la línea defendida desde el principio por los regionalistas, las alegaciones aprobadas ayer pretenden garantizar la autonomía local, la prestación de los servicios que hasta ahora han dependido de los ayuntamientos con la misma calidad y el mismo coste y la permanencia de todos los ayuntamientos existentes, asegurando su viabilidad, una financiación adecuada y una delimitación clara del ámbito de las competencias de cada administración.

Entre las propuestas concretas, la Federación de Municipios aboga por tener en cuenta el coste real de los servicios a la hora de decidir sobre su financiación, dadas las diferencias que ello conlleva en función de las características de cada territorio, y pide que sea eliminada la pretensión de intervenir los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y de retirar competencias a los municipios en función de la población.

También asume el derecho de todos los miembros de las corporaciones locales a ser retribuidos por el ejercicio de su cargo, sin tener en cuenta la población de su municipio; pide garantías para que todos los ayuntamientos puedan contar con personal eventual y defiende las comarcas y las mancomunidades como modo preferente para que los municipios optimicen con eficacia la prestación de servicios, “frente a la opción de la privatización que se plantea”