El PRC de Colindres manifiesta que las nuevas ayudas de Promoción Social, aprobadas en el pleno ordinario del pasado martes, son insuficientes dada la situación por la que están pasando muchas familias del municipio. Aunque apoyaron esta iniciativa, consideran que se puede hacer un mayor esfuerzo y que pasa por ser “más sociales” y “más ejemplares”, haciendo nuevamente un llamamiento al equipo de gobierno del PSOE para que pasen de la “propaganda social” a la “acción social” y renuncien a los sueldos de los cuatro concejales liberados.

Los regionalistas ya propusieron en el debate de los presupuestos distintas medidas de acción social, rechazadas por los socialistas, al pedirles a estos que renunciaran a sus sueldos, así como la eliminación de los gastos del resto de órganos colegiados y subvenciones a los grupos políticos, al menos, hasta que la tasa de paro no baje del nueve por ciento en el municipio. Entre algunas de esas medidas estaban el aumento de las ayudas de emergencia, del catering social, a las AMPAS para material escolar, promoción cultural infantil, a las Escuelas Municipales Deportivas para material deportivo de niños con necesidades especiales o amortiguar las próximas subidas del IBI bajando el tipo impositivo en los próximos cinco años hasta llegar al mínimo permitido.

Ayudas infantiles de Promoción Cultural. Acuerdo PRC-PSOE

En el mismo pleno se aprobaron por unanimidad las bases que regularán las ayudas infantiles de este ejercicio 2014, con la novedad de que este año será la concejalía de cultura, en lugar de la de educación como en años anteriores, cumpliendo así con las indicaciones de los servicios de intervención y secretaría para adaptarlo a la nueva normativa.

Por último, recuerdan los regionalistas que este será el quinto año en el que se conceden este tipo de ayudas infantiles, fruto del acuerdo que en su día firmaron el PRC y el PSOE y que han servido para aliviar los gastos escolares de las familias más necesitadas. Ahora tendrán continuidad en forma de gastos culturales debido a los cambios en la normativa estatal que no permite a los ayuntamientos destinar dinero a la educación.