El Grupo Parlamentario Regionalista se ha opuesto hoy a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa al teleférico de Vega Pas porque “lleva a una explanada”, a la que “se puede subir andando o en coche”, y porque “compromete” económicamente a la empresa pública Cantur, ya que su aceptación supondría un coste anual de 1,8 millones de euros.

La diputada regionalista Ana Obregón ha sido la encargada de defender la postura del PRC durante la sesión plenaria celebrada esta tarde en el Parlamento cántabro.

En su intervención, Obregón ha recordado que el Gobierno ‘popular’ “cambió” el proyecto inicial que partía de Pandillo y llegaba a Castro Valnera por otro que parte del túnel de La Engaña y llega a la inmediaciones del muro de Peña Llana, “una explanada sin mayor gracia y a la que se puede llegar andando o en coche”, ha puntualizado.

Por ello, ha considerado “absurdo” que el Partido Popular insista en este proyecto que, tal como está planteado, “pide, como mucho, un mirador”.

Obregón ha lamentado que el PP “creara esperanzas y expectativas” con este proyecto que supondría un coste anual para Cantur de 1,8 millones de euros, lo que “compromete” el futuro económico de la empresa pública.

En este sentido, ha subrayado que el PP “garantizaba al adjudicatario 120.000 viajes” a un precio de 15,65 euros el billete y lo hizo, en su opinión, porque llegaban las elecciones y “necesitaban poner un cable donde fuera”.

La diputada regionalista ha acusado al Grupo Parlamentario Popular de querer hacer “responsables” a otros de su “fracaso” y se ha mostrado partidaria de poner en marcha otras actuaciones que favorezcan el desarrollo turístico de la comarca, tal como ha anunciado la Consejería de Innovación e Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria.

Transparencia

El PRC ha apoyado la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto relativa a la adopción de medidas para una mayor transparencia en la gestión pública, a la que ha presentado una enmienda.

Durante su intervención, la diputada regionalista ha incidido en que el PRC, “por convicción”,  impulsó en sus anteriores etapas en el Gobierno de Cantabria la transparencia, aprobando el reglamento sobre el conflicto de intereses en los altos cargos e implantando una serie de medidas que facilitaron que Cantabria ocupara el tercer lugar en esta materia.

Sin embargo, ha denunciado que “la paralización” sufrida durante los últimos cuatros años bajo la presidencia de Ignacio Diego, que “el único cambio que realizaron en el Portal de Transparencia fue los nombres del Consejo de Gobierno y directores generales”, ha llevado a la  Comunidad Autónoma a estar en la mitad del ranking.

En su opinión, la transparencia debe ser un “instrumento para ser más democráticos y para favorecer la participación de la ciudadanía”.

Inmigración y asilo

Por su parte, la diputada Matilde Ruiz ha tildado de “hipócrita, lavado de cara y demagógica” la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular relativa a inmigración y asilo.

Ruiz ha subrayado la “nula actuación” que el Ejecutivo de Rajoy está llevando en esta materia y ha aludido a los recortes realizados por el PP en materia de Cooperación al Desarrollo, acusando a los ‘populares’ de “no creer” en esta materia.

Además, ha recordado que el Gobierno de Cantabria “está dando ya lo pasos necesarios para atender esta emergencia social y humanitaria”.

Régimen sancionador en espectáculos

Por último, la diputada regionalista y vicepresidenta de la Mesa del Parlamento Rosa Valdés ha defendido la postura del PRC en el proyecto de ley por el que se aprueba el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en Cantabria.

Valdés ha defendido el apoyo a esta propuesta del Gobierno de Cantabria, expuesta por el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, por el “problema” de seguridad jurídica que ha supuesto la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada “sin consenso”.

La diputada regionalista ha urgido la redacción de una ley específica para Cantabria que “propicie un tratamiento normativo conforme a las nuevas demandas sociales, culturales y de hábitos de ocio, atendiendo a la actual generalización y diversidad de las actividades”.

A su juicio, esta normativa deberá “clarificar conceptos y definir ámbitos de actuación; delimitar competencias, funciones y propugnar la necesaria coordinación entre administraciones”.