El Partido Regionalista de Cantabria está dispuesto a alcanzar un acuerdo político con el Gobierno sobre Valdecilla y el futuro de la sanidad pública, siempre y cuando el Estado garantice “de manera segura e indubitada” las cantidades adeudadas y el pago de las obras que restan para la finalización del hospital y el Ejecutivo regional proceda a su licitación inmediata y asegure el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la actualidad.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha presentado con la diputada Concepción Solanas una moción que su grupo defenderá con este objetivo el próximo lunes en el Pleno del Parlamento.

De la Sierra ha justificado las condiciones del PRC para aceptar la oferta de acuerdo  realizada por el presidente regional, Ignacio Diego, por que el procedimiento “lleno de oscuridades y trampas” que ha puesto en marcha el Ejecutivo cántabro para vincular la conclusión de las obras a la privatización de servicios supone “el abandono de la reclamación al Gobierno de España de la financiación que nos corresponde” y que –ha recordado- el propio Diego cifró en algo menos de 200 millones de euros.

A su juicio, es “total y absolutamente inaceptable, un escándalo y hasta suicida” prescindir de ese pago, por lo que su garantía es condición “sique qua non, imprescindible  y previa” para que los regionalistas acepten el diálogo con el Gobierno.

El portavoz del PRC ha recalcado que dicho pago no es “una gracia, ni un regalo, sino una deuda”, cuyo pago prometieron Diego y Rajoy en vísperas electorales y reafirmaron desde La Moncloa tanto el presidente como la ministra de Sanidad.

Una vez garantizada la financiación estatal, los regionalistas también exigen la licitación inmediata de las obras que faltan, desvinculándolas de la gestión de los servicios externalizados y estableciendo un procedimiento que permita participar a las empresas de Cantabria y no sólo a las grandes constructoras nacionales.

Además, reclaman garantías que aseguren la calidad de los servicios privatizados y de los que se pretenda privatizar en el futuro, entre los que a su juicio nunca debieran incluirse los servicios de mantenimiento, informática o archivo, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo afectados.

Cumplidas esas condiciones, el PRC no sólo está dispuesto al diálogo, sino que incluso exige el establecimiento de “un marco común de reflexión y negociación” con los agentes económicos y sociales y el resto de las fuerzas políticas para garantizar el futuro de la sanidad pública en Cantabria y la consideración de Valdecilla como centro de referencia.

“Estamos obligados a llegar a ese acuerdo común, pero partiendo de que el Estado asuma su compromiso y que las obras se reinicien en el menor tiempo posible”, ha subrayado Rafael de la Sierra.

El portavoz del PRC ha lamentado que Diego haya tardado “tanto” en buscar el acuerdo con el resto de formaciones políticas, ya que sólo ha planteado una oferta de diálogo “indeterminada” cuando se ha visto “arrinconado” y después de rescindir el contrato de finalización de las obras para establecer un procedimiento de diálogo competitivo “sin contar con nadie”, que le ha enfrentado con “sindicatos y profesionales”.

“Ahora, cuando están arrinconados, vienen a pedir árnica y se la vamos a dar, pero no en cualquier condición, porque no queremos que sea el abandono de la reivindicación al Estado y la privatización efectiva de Valdecilla”, ha concluido