La diputada del PRC Rosa Valdés ha cifrado hoy en “1.000 parados más” las consecuencias de los recortes que los gobiernos del PP en Cantabria y en Madrid han aplicado en las políticas de atención a la dependencia y ha denunciado que el retroceso de la inversión hace “insostenible” el sistema público y aboca a sector “emergente hasta 2011 y que generaba puesto de trabajo de calidad” a destruir empleo “por primera vez en cinco años”.

“Si nadie lo remedia, este sector va a padecer cierres de empresas y nuevos despidos que agravarán la situación de déficit público al provocar un descenso de la recaudación, con el consiguiente retroceso en el sistema público de los servicios sociales que pagarán las familias cántabras con más dificultades económicas”.

Así lo ha denunciado este miércoles en rueda de prensa la diputada regionalista, que el próximo lunes defenderá en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley para instar al Gobierno a garantizar el desarrollo futuro del sistema de atención y a priorizar el gasto y la inversión en las políticas sociales, “en cumplimiento del propio programa electoral del PP en materia de dependencia”.

Valdés ha explicado que al finalizar el mandato del anterior Ejecutivo PRC-PSOE en el primer semestre de 2011, Cantabria contaba con más de 5.000 personas empleadas en el sector de la dependencia, una cifra que se ha reducido ya en al menos 500 trabajadores, según los datos oficiales del primer semestre de 2012.

Dado que dichos datos no contabilizan la repercusión del Real Decreto aprobado el pasado julio por el Consejo de Ministros, y que supone un descenso de 7 millones de euros en la aportación del Estado a la Comunidad Autónoma sumado a los recortes aplicados ya por el Gobierno Regional, ha augurado que hasta fin de año “se puede duplicar la cifra de personas que han perdido su puesto de trabajo” en el sector de la dependencia.

“No menos de 1.000 parados más por arte y gracia de las políticas de un gobierno profundamente anti-social y sin ningún compromiso con las personas más necesitadas”, ha precisado.

Asimismo, ha señalado que el descenso de la inversión pública un 8 por ciento, la reducción de la aportación del Estado y el encarecimiento de los conciertos con empresas privadas no sólo van a producir “más despidos”, sino también “menos plazas de residencia y menos ingresos para el sistema, en un círculo vicioso infernal que pone en peligro la sostenibilidad y empeora la calidad de los servicios sociales públicos”.

Valdés ha destacado la situación que sufren ya las empresas del sector, con “problemas de facturación y pérdidas que no podrán soportar mucho tiempo” como consecuencia de la reducción de sus ingresos y el aumento de impuestos como el IVA, que augura “el cierre de muchas instalaciones”.

“Por primera vez y después de cinco años consecutivos creando empleo de calidad, con contratos indefinidos y de jornada completa, lo que en 2011 era un sector emergente ha pasado a destruir puestos de trabajo”, ha apostillado.

Consecuencias sociales de la gestión del PP

La diputada del PRC ha analizado además las consecuencias sociales de esta política del PP, que van desde el aplazamiento más de un año en la concesión de ayudas que han sufrido más de 2.500 cántabros en situación de dependencia, a la reducción de aportaciones a los centros de dependientes, pasando por los EREs que han afectado a los trabajadores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Fundación de Bienestar Social, el cierre “injusto e innecesario” de la Residencia La Pereda y la privatización del Centro de Día de Castro Urdiales, la reducción de la Renta Social Básica y el gravamen impuesto a las personas sujetas a revisión de la valoración de su situación de dependencia.

“Cuando todavía estábamos intentando asimilar esas políticas antisociales del PP de Cantabria, recibimos el mazazo del Consejo de Ministros que el presidente Diego y su consejera de Sanidad aplauden con fruición, con absoluta lealtad a Mariano Rajoy y total deslealtad a las personas dependientes de esta región”, ha continuado.

A su juicio, este “brutal ataque” a la atención a la dependencia hace “absolutamente insostenible el sistema” y supone “un fraude” contra las prioridades que el Partido Popular defendía antes de su llegada al Gobierno, además de “una absoluta inmoralidad, al cebarse con saña en las familias más necesitadas”.

Finalmente, también ha hecho hincapié en los perjuicios que sufren los cuidadores familiares de personas dependientes, en su mayoría mujeres, a las que se ha referido como “las auténticas paganas del último decretazo”, porque se verán privadas de la Seguridad Social y verán reducida la “ya de por sí depauperada ayuda económica que recibían para hacer frente a los gastos de cuidado de las personas a su cargo y el número de horas de atención de la ayuda a domicilio”.