El Grupo Parlamentario Regionalista ha cerrado su participación en el debate sobre el estado de la región con 145 propuestas de resolución, encaminadas a “enderezar el rumbo” de Cantabria, una vez constatado que la gestión del presidente regional, Ignacio Diego, merece “un suspenso absoluto”, porque ha incumplido todos sus compromisos y sólo ha conseguido que la región “progrese adecuadamente hacia el abismo”.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, en la segunda y última sesión del debate celebrada esta mañana en el Parlamento cántabro, en la que ha reivindicado medidas para recuperar las políticas activas de empleo, tras el “recorte brutal” aplicado por el PP, y ha abogado por que la lucha contra el paro sea “el auténtico objetivo estratégico” del Ejecutivo, en lugar del “déficit a toda costa”.

De la Sierra también ha urgido al presidente a acabar con la “paralización absoluta” que sufren las obras del Estado en Cantabria, y que es una de la causas fundamentales del crecimiento del paro por la falta de actividad económica que conlleva, y a recuperar la inversión pública, con medidas como el Plan de Carreteras, el Plan de Puertos, un Plan de Rehabilitación de Viviendas, el desarrollo del Cabildo de Arriba en Santander y el PSIR de Buelna, el Plan de Ordenación del Territorio, el Plan del Territorio Pasiego y el PORN de las marismas de Santoña, Noja y Joyel.

También ha propuesto un plan para el futuro del sector industrial, que responda tanto a la crisis de Sniace como a los problemas que sufren el resto de las grandes empresas de la región, y medidas para potenciar el desarrollo de nuevas fuentes de energía, así como un plan de promoción turística y el fomento de la investigación y la innovación con la declaración de la Universidad de Cantabria como eje de interés estratégico.

En materia de política económica, el PRC defiende un límite de déficit público que no penalice a las comunidades que, como Cantabria, han realizado un esfuerzo especial y un sistema de financiación que mantenga el status quo conseguido en su día por las características especiales de la región, además de un cambio en la política fiscal para hacerla más progresiva y más justa.

Los ayuntamientos son otro de los objetivos de las propuestas regionalistas, que reivindican la recuperación del Fondo de Cooperación Municipal y el pago del fondo de liquidez, junto a un “auténtico” plan de obra pública municipal, la ley de constitución del Área Metropolitana de la Bahía de Santander y el Estatuto de Capitalidad.

Para el sector rural, reclama la inversión de los 29 millones de euros comprometidos por Diego antes de su llegada a la Presidencia, la aprobación de un plan de apoyo a los productores lácteos y la consecución de la IGP para la anchoa del Cantábrico.

En el ámbito social, las propuestas del PRC pasan por la aplicación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales, un plan estratégico para la familia, un plan de inclusión social y contra la pobreza, medidas de atención a las víctimas de violencia de género, una ley de juventud y políticas de cooperación al desarrollo.

En lo que respecta a la sanidad, la prioridad regionalista es el pago por el Estado de las obras de finalización del Hospital Valdecilla, junto a un plan estratégico de salud para personas con discapacidad y enfermos crónicos, la firma de convenios con Castilla y León y el País Vasco para mejorar la atención en los municipios limítrofes, un plan de salud mental y asistencia psiquiátrica, un plan de formación en el Servicio Cántabro de Salud y la puesta en marcha urgente del servicio de urgencias pediátricas de Torrelavega.

En materia educativa, plantea la formación permanente del profesorado, el mantenimiento de los centros de Viérnoles y Laredo, la recuperación de la ratio de 25 alumnos por aula, la potenciación de la educación bilingüe, dotar a los colegios de profesorado con formación específica para atender las necesidades educativas especiales y la diversidad, mantener los profesores de apoyo en infantil, aumentar la ayuda a libros de texto y continuar las aulas de dos años con el modelo existente, entre otras medidas.

La seguridad de los cántabros es otro objetivo de las resoluciones del PRC, que quiere recuperar la entidad gestora del servicio 112, un plan regional de emergencias, la actualización de los planes especiales de protección civil y una utilización adecuada de los grupos de voluntarios en situaciones de riesgo.

Finalmente, el Grupo Regionalista plantea medidas en materia de urbanidad y buena conducta, para que el Gobierno remita puntualmente al Parlamento las solicitudes de documentación y conteste las preguntas en plazo, “con seriedad y rigor”.