El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha atribuido a la “desidia e irresponsabilidad” del Gobierno de Cantabria los problemas surgidos con la renovación de la Renta Social Básica y el próximo cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega y ha augurado nuevos casos similares, e incluso la no prestación de algunos servicios públicos, si continúa sin tomar medidas para aplicar la nueva ley de régimen local aprobada en diciembre.

De la Sierra interpelará al Ejecutivo en el Pleno del próximo lunes para conocer sus previsiones de desarrollo de la ley, tras constatar que Cantabria es la Comunidad Autónoma “peor tratada en España”, al ser la única que aún no ha dictado ninguna disposición para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios públicos que hasta ahora correspondían a los ayuntamientos y que, en virtud de la reforma, pasan a depender de la Administración autonómica.

Según ha explicado en rueda de prensa, en lugar de cumplir su “papel básico” y “liderar” la puesta en marcha de la nueva ley, el Ejecutivo cántabro “se está ocultando, como si quisiera pasar de ello”, con lo que está creando “problemas, incertidumbres y dudas muy importantes”.

“Volvemos a tener a los ayuntamientos abandonados a su suerte por la falta absoluta de actuación del Gobierno Regional”, ha lamentado.

El portavoz regionalista ha indicado que esa “falta de previsión, incapacidad e incompetencia” ha puesto en peligro la percepción de la Renta Social Básica por más de 1.000 familias, una situación ante la que el Ejecutivo sólo ha reaccionado habilitando medios extraordinarios por el “escándalo” surgido en los medios de comunicación y “la actitud decidida de los ayuntamientos”, entre ellos algunos gobernados por el Partido Popular, como Laredo y Santander, cuyos alcaldes “han puesto el grito en el cielo”.

Asimismo, ha señalado que el cierre, a partir del 6 de junio, del Centro de la Mujer de Torrelavega también es consecuencia de la falta de desarrollo de la reforma local, que de mantenerse puede llegar a afectar a otros servicios en materia de educación, cultura, promoción de la mujer, defensa de usuarios y consumidores, vivienda, sanidad, atención primaria de la salud, de servicios sociales y protección del medio ambiente.

“Los ayuntamientos estaban llevando a cabo servicios fundamentales para los ciudadanos que dejan de ser competencia municipal y que debe asumir la Comunidad Autónoma o delegar en los municipios con la correspondiente financiación, pero a día de hoy no se sabe quién va a asumirlos en el futuro y probablemente muchos de ellos dejen de prestarse”, ha detallado.

De la Sierra ha recalcado por ello la “gravísima incertidumbre” que suscita el Gobierno al permanecer “inactivo y callado” ante la necesidad de desarrollo de la ley de régimen local. “Nosotros no la compartimos, pero se ha aprobado y en consecuencia hay que aplicarla de la mejor manera posible”, ha precisado.

Finalmente, ha indicado que esa incertidumbre se ve agravada tras conocerse hoy mismo que el Consejo de Estado ha informado favorablemente parte del recurso presentado por los ayuntamientos contra dicha normativa, por lo que espera que la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento contribuya a clarificar el futuro de los servicios públicos.