El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy que el anteproyecto de ley para la reforma de la Administración Local aprobado por el Consejo de Ministros “pone en peligro la subsistencia” del 80 por ciento de los ayuntamientos cántabros, los 84 con menos de 5.000 habitantes, por lo que ha pedido a la Federación de Municipios y al Gobierno de Cantabria que defiendan los intereses municipales y “no se callen”.

El PRC presentará una interpelación en el Parlamento para que el Ejecutivo, hasta ahora “mudo”,  explique sus criterios respecto a esta reforma, que a su juicio apunta a “la eliminación de las juntas vecinales y buena parte de los municipios y a la privatización de los servicios”.

De la Sierra ha asegurado que el anteproyecto de ley está pensado para los municipios grandes, resulta “regular” para los medianos y “machaca” a los pequeños. “Los municipios de menos de 5.000 habitantes lo van a tener muy complicado para mantenerse como tales y son la mayoría en Cantabria”, ha recalcado.

En este sentido, ha coincidido con la valoración del presidente de la Federación de Municipios, el popular Julián Vélez, a quien ha instado a posicionarse “de manera clara y rotunda en defensa de los ayuntamientos de Cantabria, sin plegarse a las directrices de su propio partido”, ya que el proyecto de ley lo ha elaborado el PP y es él quien “puede solucionarlo”.

“No se puede callar y el Gobierno de Cantabria, tampoco”, ha enfatizado el portavoz regionalista, que espera que sea el presidente, Ignacio Diego, quien comparezca en el Parlamento, porque “no puede permanecer al margen del debate” cuando el alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, ha reconocido que el documento aprobado por el Consejo de Ministros “debe ser enriquecido”, en una declaración en la que “ha dejado claro que está disconforme con él y que debe ser mejorado”.

De la Sierra ha ironizado sobre la que hasta el momento ha sido la única aportación del presidente, “como siempre en positivo”, para anunciar que Cantabria no afrontará más competencias, “a pesar de que la ley establece que algunas de las que están ejerciendo los ayuntamientos en materia de servicios sociales, sanidad o educación serán asumidas por las comunidades autónomas y las diputaciones”. “¿Qué va a pasar con esas competencias que hoy tienen nuestros ayuntamientos y que están desarrollando en beneficio de los ciudadanos y que son total y absolutamente imprescindibles?”, se ha preguntado.

Además, ha destacado la necesidad de defender las peculiaridades de dispersión y tamaño que diferencian a los municipios cántabros, y en general a todos los del norte de los del resto del país, ya que condiciona el coste de servicios públicos básicos, y de clarificar temas que regula la nueva ley y que pueden “colisionar directamente” con las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía.

Por todo ello, ha lamentado que el debate se esté produciendo sin que el Gobierno, “ni en general el PP de Cantabria, participe”, ya que ello va “en perjuicio de los intereses regionales”. “Queremos que el presidente venga al Parlamento a explicarnos todo esto y a escuchar las reclamaciones de los ayuntamientos”, ha subrayado.

Por último, el portavoz del PRC ha explicado que aunque el nuevo texto ya no recoge directamente la desaparición de algunas entidades, como hacía el anunciado en julio, en la práctica “están en peligro las juntas vecinales”, porque no aparecen en la relación de entes locales y “se las ponen tantas trabas que parece que se está estableciendo más un sistema para hacerlas desaparecer que para mantenerlas”. “Por lo pronto ya se dice que carecerán de personalidad jurídica”, ha precisado.

Del mismo modo, también cree que peligran las mancomunidades, “por la vía de una evaluación de sus servicios y de su costo definida de manera muy ambigua”, y los municipios pequeños, porque “las diputaciones pueden asumir sus competencias mínimas, con unos requisitos y definiciones también extraordinariamente vagas”, se limita “absolutamente” su capacidad de endeudamiento, e incluso se pone en cuestión la función de los alcaldes y de los cargos públicos municipales.