La diputada del PRC Eva Bartolomé ha reafirmado hoy su preocupación por la situación del aeropuerto de Parayas, tras confirmar AENA que los pasajeros cayeron un 22,3 por ciento en el primer trimestre de 2013, lo que confirma la “necesidad urgente” de tomar las medidas como las que propuso en el último Pleno, para potenciar nuevas rutas y promocionar la región en los mercados que cuentan con conexión a Cantabria, a pesar de que fueron rechazadas por el PP.

Para Bartolomé, los datos difundidos ayer por AENA demuestran que el aeropuerto se dirige al “desastre”, por lo que ha augurado “un futuro muy negro” si el Gobierno de Ignacio Diego persiste en su “miopía” y mantiene su “pasividad” respecto a esta infraestructura.

Tras los resultados de marzo, con un 15,7 por ciento menos de viajeros que el año anterior a pesar de la Semana Santa, Parayas acumula ya 7 meses consecutivos de caída, por lo que el PRC exige “una reacción inmediata” del Ejecutivo, dado que además la evolución del aeropuerto cántabro es “mucho peor” que la media de los aeropuertos españoles.

La diputada regionalista ha rechazado por ello las acusaciones de “catastrofismo” con las que el PP respondió a su propuesta de actuaciones en el último Pleno del Parlamento. “Lo realmente catastrófico es el declive que este Gobierno está provocando en Parayas, con su falta de iniciativa y de proyectos y su empeño en negar la evidencia”, ha recalcado.

Por todo ello, Bartolomé ha instado al Ejecutivo a “recapacitar” y “rectificar” sus políticas “antes de que sea demasiado tarde” para evitar que el aeropuerto vuelva a ser “un apeadero de tercera” y pierda “toda la pujanza conseguida durante la presidencia de Miguel Ángel Revilla”.

En este sentido, ha recordado que Ignacio Diego recibió “en herencia” uno de los aeropuertos “más pujantes y dinámicos de España”, con un tráfico cercano al millón de pasajeros anuales, pero en apenas dos años “ya ha perdido más de 100.000 viajeros y todo apunta a que seguirá cayendo”.

La diputada regionalista ha cuestionado por último el nuevo convenio suscrito con la aerolínea Ryanair, que el Gobierno se niega a remitir al Parlamento, a pesar de los reiterados requerimientos que se le han realizado para que lo dé a conocer. Ese “secretismo” evidencia a su juicio que los términos “ya no son tan ventajosos como lo fueron hasta 2011”, cuando incluían compromisos para la implantación de nuevas rutas, acciones de promoción conjuntas y una “tasa de éxito” que obligaba a la compañía a cumplir unos mínimos de ocupación.