El Grupo Parlamentario Regionalista ha mostrado hoy su apoyo a los funcionarios de prisiones que, según ha subrayado la diputada regionalista, Mónica Quevedo, realizan una “labor social” fundamental en la reinserción de los reclusos. 

Por ello, ha votado a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno de España a la mejora de las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios. 

En este sentido, Quevedo ha calificado de “muy justas” las reivindicaciones de este colectivo que “llevan tiempo” solicitando, ya que desarrollan su labor sin los medios y en unas condiciones “no acordes” al trabajo que realizan. 

“No nos cabe ninguna duda de que todas las reivindicaciones que llevan a cabo son muy justas, que van a encaminadas a mejorar las condiciones dentro de la cárcel. Los funcionarios de prisiones tienen una labor social importantísima en nuestra sociedad encaminada a la reinserción de los reclusos, por lo que debemos invertir para que trabajen en buenas condiciones laborales y profesionales”, ha remachado. 

Por otra parte, el Grupo Regionalista ha rechazado la proposición no de ley del Grupo Mixto-Vox relativa a la concesión de subvenciones para atender a las necesidades familiares para comedores y transporte escolar porque, según ha subrayado la diputada regionalista Teresa Noceda, “es un brindis al sol”. 

Noceda ha destacado que la libertad educativa “está garantizada” y ha incidido en que “no existe ningún conflicto” entre la educación pública y la educación privada-concertada. “Existe un equilibrio entre ambas”, ha remachado.

En su opinión, la propuesta del Grupo Mixto “solo busca crear un conflicto” donde no existe además de que ha dicho se trata de una iniciativa “demagógica, sin informe económico y sin ninguna medida seria”.

Por último, los regionalistas han apoyado la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos en la que se insta al Gobierno de Cantabria a adoptar las medidas necesarias para que el pago a proveedores cumpla con los 30 días establecidos en la Ley.

La diputada regionalista Emilia Aguirre ha apuntado que la situación actual “no es la deseada” y, en su opinión, “la reducción de la morosidad” de la Administración Pública “constituye un elemento imprescindible para mejorar la economía, pues ello conlleva el reducir las necesidades de financiación de las empresas y les permite aprovechar mejor sus oportunidades de negociar y facilita el crecimiento económico”, ha remachado.

No obstante, ha recordado que el Gobierno “ya está adoptando medidas para atajar esta situación” para “corregir” las disfuncionalidades encontradas y ajustarse a los plazos establecidos por la Ley.