El Grupo Parlamentario Regionalista votará mañana a favor de la ley para prohibir el ‘fracking’ en Cantabria y lo hará “por convicción”, porque cree que es “oportuna, conveniente, necesaria, demandada socialmente y ajustada a las competencias de la Comunidad Autónoma”. Pero eso sí, sin ocultar su temor a que solo sea “un ardid” del Gabinete de Ignacio Diego “para salir del paso” ante la contestación que esta práctica suscita en la región, y que acabe recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha dado a conocer hoy el vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, quien considera “extraño y muy sorprendente” que el Ejecutivo regional actúe en este tema “por primera vez en contra de las directrices nacionales del PP”. “Si tuviéramos un Gobierno beligerante, con criterio frente a Madrid, reivindicativo o con posiciones distintas en algún otro tema, lo entenderíamos, pero tratándose de este Gobierno y de este presidente nos extraña mucho”, ha precisado.

De hecho, De la Sierra ha recordado que los diputados y senadores del PP cántabro votaron hace pocas semanas en las Cortes a favor del ‘fracking’, incluida la senadora autonómica y diputada regional, Tamara González, quien mañana cambiará el sentido de su voto en el Parlamento regional.

Ante esta situación y dado que el Gobierno de España ha autorizado recientemente el mayor proyecto de investigación de cuantos se han presentado en Cantabria para utilizar esta técnica en la extracción de gas, el portavoz regionalista afronta el debate previsto para este lunes en la Cámara con la impresión de que “se va a aprobar algo que en realidad no va a servir para nada”.

“El PRC no puede evitar la impresión de que el PP ha traído aquí una ley exclusivamente por la presión popular, de la gente y de sus alcaldes afectados, para salir del paso, y que el Gobierno de España ya ha decidido recurrirla al Constitucional, solicitando la suspensión de su aplicación, con lo que el ‘fracking’ continuaría siendo legal en Cantabria durante al menos cuatro o cinco años”, ha señalado.

De la Sierra ha agregado que ese temor de los regionalistas “se confirmará o se disipará” en un breve espacio de tiempo, dado que el plazo para recurrir al Constitucional es de tres meses y será entonces cuando se compruebe si el Gobierno de Cantabria ha pretendido “una trampa” para “engañar de nuevo a todos, incluidos sus votantes, sus alcaldes y sus cargos públicos”.

Por otro lado y en relación con la postura del PRC, ha explicado que es “la lógica” a la vista de los riesgos “ciertos, graves e importantes” que conlleva la práctica del ‘fracking’, sobre todo en materia de contaminación de la atmósfera, los acuíferos y aguas subterráneas, presión sobre la biodiversidad y agresión al territorio y al paisaje.

Asimismo, en sintonía con el informe de los servicios jurídicos del Gobierno cántabro, cree que la ley se ajusta a la normativa vigente, por lo que espera que se respete “la autonomía y las competencias de la Comunidad Autónoma”.