El Grupo Parlamentario Regionalista considera que la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, más conocida como plan de recortes, no es “lo que necesitan, ni lo que quieren los ciudadanos de Cantabria”, porque las medidas que contempla o bien “no suponen ahorro alguno”, o bien implican reducción de costes pero también “un retroceso democrático inaceptable”, cuando no son simplemente “medidas demagógicas para desviar la atención de los ciudadanos”.

Así lo ha asegurado este martes en rueda de prensa el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, coincidiendo con la admisión a trámite del proyecto de ley, acordada esta misma mañana por la Mesa del Parlamento.

De la Sierra ha anunciado la disposición del PRC a propiciar la tramitación urgente y su decisión de solicitar la comparecencia de todos los consejeros implicados para conocer sus razones antes de decidir si presenta enmienda a la totalidad, en aras a intentar la modificación de un proyecto legal que, a su juicio, denota la “improvisación y desorientación” del Gobierno de Cantabria, ya que introduce cambios “sustanciales” en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos aprobada hace poco más de tres meses.

De hecho, ha avanzado una valoración muy negativa, en la que ha asegurado coincidir con “todos los sectores de la sociedad”. “Los empresarios, los sindicatos, los técnicos y los economistas, los profesores de la Universidad y hasta el obispo han dicho prácticamente lo mismo, porque nos ha venido al Parlamento una ley que ni es la que necesita Cantabria, ni es la que quieren los ciudadanos de Cantabria”, ha enfatizado.

Recortes sociales

De la Sierra ha rechazado los recortes sociales que pretende el Gobierno Regional y que se traducen en restricciones de la Renta Social Básica, “cuando todo el mundo está diciendo que no se debe cargar la crisis sobre los más desfavorecidos”. En este sentido ha recordado las palabras del obispo de Santander, que el pasado domingo

pedía “encarecidamente” que no se recorten aquellas partidas que afectan a las personas más necesitadas.

También ha rechazado las limitaciones de los derechos de los trabajadores, cuya legalidad ha sido cuestionada por el Consejo Económico y Social, y los retrocesos en materia educativa y sanitaria, plasmados en la “pérdida de calidad y de profesores y aumento de ratio”, por un lado, e incrementos de jornada, reducción del número de médicos y medidas en el ámbito de la estructura sanitaria y la atención, por el otro.

Por el contrario, se ha mostrado de acuerdo con el establecimiento de límites salariales en las empresas públicas, aunque ha advertido que el Gobierno del PP “se reserva la posibilidad de prescindir de esos límites aislada y excepcionalmente”.

Además, De la Sierra ha considerado “inaceptable” la supresión del Consejo Económico y Social, que en su opinión no se debe a razones económicas, sino al afán de “eliminar a un agente crítico”, y ha calificado como “una burla a la sociedad” la disolución del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud con la pretensión de sustituirlos por comisiones de participación promovidas y nombradas por el Ejecutivo, que carecerán de la independencia que distingue a los órganos existentes hasta ahora.

No a las medidas fiscales

Tampoco acepta el Grupo Regionalista las medidas fiscales diseñadas por el Gobierno y que suponen la implantación del impuesto sobre hidrocarburos en su tope máximo permitido, lo cual encarecerá en 56 céntimos el litro de combustible, y una modificación “brutal” de las tarifas del canon de saneamiento, “en contra de todas las promesas del Partido Popular”, y de la tasa de residuos, así como la creación de una nueva tasa por revisión de la valoración de la situación de dependencia.

También ha cuestionado el objetivo de reducir de 39 a 35 el número de diputados del Parlamento de Cantabria, “un ejemplo de demagogia y de falta de urgencia”, ya que sólo será aplicable a partir de las elecciones autonómicas de 2015 y está motivado por razones “políticas y no económicas”.

Rafael de la Sierra ha explicado en este sentido que el PP acaba de aprobar en las Cortes de Castilla La Mancha la toma en consideración de una proposición de ley que aumenta en cuatro parlamentarios la composición de las Cortes de esa región, al mismo tiempo que en Cantabria aboga por su reducción.

“La razón de estas modificaciones no es económica, es política; en Castilla La Mancha es evidente, para conseguir la mayoría de una manera más fácil, y en

Cantabria probablemente también, pero no han podido bajar más, que es lo que querrían, porque lo prohíbe el Estatuto de Autonomía”, ha concluido.