El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 43 enmiendas al proyecto de ley de abastecimiento y saneamiento de aguas elaborado por el Gobierno de Cantabria, que a su juicio “perjudica a los ayuntamientos” y puede ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad por no respetar disposiciones de la legislación básica del Estado, como la inclusión de una memoria que determine el coste de las competencias que asigna a los municipios, obligatoria desde la entrada en vigor de la reforma local.

Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha explicado que el objetivo global de estas enmiendas es definir las competencias “de manera justa” y aplicar las leyes “tal como están establecidas”, conceder a los ayuntamientos beneficios y compensaciones por las labores que desempeñan y “resarcirles” por realizar labores que no son de su competencia, como la recaudación del canon de saneamiento, y “hacer más justo” el sistema de exenciones para las personas con menores ingresos.

De la Sierra ha cuestionado que el Gobierno haya aprobado el Plan de Saneamiento y Abastecimiento con base en la ley que todavía no está aprobada, lo cual no sólo muestra “la consideración que tiene al Parlamento”, sino que supone una manera de actuar “total y absolutamente impropia”, con la que el Ejecutivo “ha ofrecido a los ayuntamientos obras valoradas en 330 millones de euros, sin financiación adecuada y sin saber siquiera si se van a poder llevar a cabo o no”.

“Han intentado conseguir el visto bueno de los ayuntamientos, que al ver que se les asumen obras concretas se manifiestan de acuerdo, pero con esa coartada nos traen al Parlamento una ley que les perjudica”, ha recalcado.

El portavoz del PRC ha destacado además que el proyecto mantiene las mismas tarifas que ha tenido hasta ahora el canon de saneamiento, por lo que sus enmiendas exigen al Partido Popular que cumpla su compromiso de reducirlo a los niveles de 2007, lo cual implica un recorte del 70 por ciento.

Por otro lado, el PRC rechaza que el Gobierno obligue a los ayuntamientos a recaudar el canon en el recibo del agua sin percibir compensación alguna a cambio, por lo que aboga por modificar este sistema y que la recaudación pase a ser competencia de la Comunidad Autónoma, o bien se lleve a cabo mediante un acuerdo que contemple beneficios para los municipios.

También se opone a la distribución de competencias entre la autonomía y los ayuntamientos, realizada “de manera bastante arbitraria” y sin tener en cuenta el coste que puede suponer para los consistorios, a los que se asigna por ejemplo responsabilidad en materia de depuración de aguas residuales que hasta ahora ejercía el Gobierno cántabro, al limitar las funciones de éste a aquellos proyectos que se consideren de interés en función del Plan de Abastecimiento y Saneamiento aprobado por el propio Gobierno.

Del mismo modo, De la Sierra ha subrayado que los ayuntamientos tendrán que hacerse cargo del mantenimiento, la conservación e incluso la construcción de 43 infraestructuras de saneamiento, e incluso de la depuración de todos los núcleos con menos de 25 habitantes, lo cual supone “un coste que no pueden asumir”, con riesgo de sanciones si no lo afrontan. “Es absolutamente injusto e inaceptable”, ha recalcado el portavoz regionalista, quien ha reivindicado por ello que sea la Comunidad Autónoma quien asuma la financiación de esos servicios en el caso de los municipios que no puedan afrontarlos.

Finalmente, las enmiendas del PRC también abogan por que las deducciones para las personas y familias con menores recursos tengan carácter progresivo, en función de las rentas familiares, y lleguen la exención no sólo para los beneficiarios de la Renta Social Básica, sino también para los ciudadanos sin ningún ingreso.