El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha asegurado hoy que la aprobación del Plan Energético (Plenercán) y su anunciada publicación a mediados de la próxima semana supone “una nueva chapuza jurídica”, ya que implica la entrada en vigor de la Ley de Aprovechamiento Eólico que el Estado considera inconstitucional y que el propio Gobierno de Cantabria se ha comprometido a modificar para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Aunque no ha valorado el contenido del plan aprobado ayer y ha indicado que su grupo no lo hará hasta que sea remitido al Parlamento y el diputado responsable en materia de Industria, Rafael Pérez Tezanos, tenga oportunidad de estudiarlo a fondo, De la Sierra sí ha advertido de la “inseguridad jurídica” que conlleva su publicación, en virtud del acuerdo alcanzado por los gobiernos nacional y regional para modificar la Ley de Aprovechamiento Eólico.

“Si el Plenercán se publica supondrá la entrada en vigor de la ley tal como está redactada en la actualidad, en los términos en los que la aprobó el Parlamento con los únicos votos del Partido Popular, y con todos los defectos de inconstitucionalidad denunciados por el Estado”, ha precisado.

Dado que tales defectos afectan al “núcleo duro” de la norma y que el Gobierno de Cantabria ha aceptado corregirlos para evitar que el Estado acuda una vez más al Tribunal Constitucional contra la legislación autonómica, el portavoz regionalista ha destacado la “incertidumbre” que genera la aplicación del Plenercán “con base en una ley que será cambiada dentro de pocos meses en sus aspectos fundamentales”.

En este sentido y además de anunciar que el PRC solicitará las actas de las reuniones de la comisión bilateral que ha acordado la modificación legal, De la Sierra ha valorado sus conclusiones como “un varapalo en toda regla” a la ley cántabra aprobada por el PP, ya que afecta a sus aspectos “más fundamentales”.

Entre ellos, ha destacado el procedimiento para la autorización de los parques eólicos, que ya no será en competencia como preveía la norma autonómica; el fondo para la compensación ambiental y la mejora energética, al que las empresas ya no tendrán la obligación de aportar el 2 por ciento de la inversión como estaba inicialmente previsto, o los criterios ambientales, paisajísticos y culturales que debían cumplir las adjudicatarias y que serán suprimidos.

A su juicio, la asunción por el Gobierno Regional de estos cambios implica “una renuncia en toda regla” a los criterios que el Partido Popular defendió como “esenciales” cuando la ley se tramitó en el Parlamento, pese a las advertencias del Grupo Regionalista, que ya entonces anticipó un posible litigio de constitucionalidad con el Estado.

En consecuencia, Rafael de la Sierra considera que el Ejecutivo está lanzando “mensajes contradictorios”, al asumir por un lado los cambios legales que pide el Estado y aprobar al mismo tiempo el Plenercán, cuya publicación implica la entrada en vigor automática de esa misma ley aún sin modificar.

“En su día dijimos que la Ley de Aprovechamiento Eólico iba a traer problemas y ahora la Comisión Bilateral nos da la razón, al confirmar un nuevo desastre jurídico del Gobierno de Cantabria, que parece incapaz de aprobar una sola ley sin vicios de inconstitucionalidad”, ha concluido el portavoz del PRC.