La diputada y portavoz del PRC en materia de Justicia, Alodia Blanco, ha presentado una interpelación para que el Gobierno de Cantabria dé a conocer en el Parlamento su postura sobre las consecuencias que tendrá en la Comunidad Autónoma la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno de España, al “acabar” con la justicia de proximidad al ciudadano y centralizar los servicios judiciales.

Blanco ha advertido hoy del “grave perjuicio” que sufrirán los cántabros en el caso de que la reforma sea aprobada en los términos actuales, ya que implica la desaparición de los jueces de paz y de los actuales partidos judiciales.

A efectos prácticos, esa supresión acabará con los juicios menores que actualmente acogen los juzgados de paz y se sumará a la centralización de los registros civiles prevista para el próximo mes de julio y que puede reducir de 93 a 12 los lugares habilitados para trámites como la obtención de certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o incapacidad.

La diputada del PRC ha manifestado su rechazo a este “proceso centralizador” y, en contra de las declaraciones de la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, ha considerado “inexorable” la desaparición de los jueces de paz, porque el anteproyecto de reforma “sólo permite de forma excepcionalísima, y a propuesta de la Comunidad Autónoma, la pervivencia de las sedes ubicadas en las cabeceras de los actuales partidos judiciales”.

De hecho, ha recordado que el Gobierno de Cantabria ya se pronunció a favor de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para reducir a 3 los 8 partidos judiciales actuales, que ahora quedarán limitados a uno solo de carácter provincial.

A su juicio, las sucesivas reformas realizadas desde 2011 han emprendido “un camino centralizador contrario a los intereses de los ciudadanos, quienes tendrán cada vez más lejos y en consecuencia más difícil el acceso a la justicia”.

Pero además de la desaparición de la justicia de proximidad, Blanco ha criticado las implicaciones de la modificación proyectada sobre la consideración de los medios personales y materiales disponibles en el presente y la posibilidad, o no, de disponer de los suficientes en el futuro. Además, ha abogado por una reflexión sobre la nueva posición y las nuevas funciones que se pretenden para el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

“Es evidente que la reforma tiene una amplitud mucho mayor, con temas como la independencia judicial, los aforamientos o las garantías del derecho de los ciudadanos a la justicia, pero lo realmente urgente en este momento es que el Gobierno autonómico se posicione y tome medidas sobre su incidencia en la justicia de proximidad, por la repercusión que puede llegar a tener para todos los cántabros”, ha concluido la parlamentaria.