El PRC advierte que la reforma de la Seguridad Social dejará sin asistencia sanitaria a parados y estudiantes que pasen más de 90 días fuera de España

Exige una “rectificación” y anuncia iniciativas para que el Gobierno cántabro actúe contra una situación “totalmente injusta, inconcebible e indignante”

Noticias PRC 10 Enero 2014
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    De izquierda a derecha, Jairo Ceballos, Rafael de la Sierra y Alodia Blanco

El Grupo Parlamentario Regionalista ha advertido hoy que la reforma de la Ley de la Seguridad Social, aprobada por el Gobierno central con los presupuestos de 2014, dejará sin asistencia sanitaria a los parados y a los jóvenes que permanezcan durante más de 90 días en el extranjero, bien para buscar empleo bien para completar su formación académica, “si se aplica en su tenor literal”.

Así lo han denunciado el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, y la diputada Alodia Blanco, quienes han comparecido en rueda de prensa junto al secretario general de Juventudes Regionalistas, Jairo Ceballos, para exigir “una rectificación” y anunciar que presentarán iniciativas en el Parlamento regional, en aras a que el Gobierno cántabro intervenga contra una situación que consideran “totalmente injusta, inconcebible e indignante”.

Alodia Blanco ha explicado que la reforma puede derivar en “graves injusticias” tanto para parados y estudiantes españoles, como para inmigrantes que “han trabajado durante años, cotizado y adquirido la residencia”, al establecer que para mantener la asistencia sanitaria no se puede permanecer en el extranjero durante más de 90 días.

“Esto es lo que dice la ley”, ha recalcado, y la aplicación “literal y con rigor” de esa limitación supone que los parados que salgan del país en busca de empleo y permanezcan fuera más de 90 días perderán la asistencia, “con independencia de que tengan o no la tarjeta sanitaria europea”, dado que ésta “no es más que una extensión de la cobertura que se tenga en España”. “Si se pierde la cobertura en España, se pierde también en el extranjero”, ha precisado.

También se verán privados de asistencia los cónyuges e hijos de las personas en esa situación, porque no son titulares del derecho sino únicamente beneficiarios.

Por lo que respecta a los estudiantes, Blanco ha detallado que perderán la atención porque la Ley de Cohesión y Sanidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en mayo, “y que restringió la universalidad de la prestación sanitaria”, establece que para ser beneficiario de un asegurado, condición en la que se encuentran los hijos menores de 26 años, es necesario tener residencia en España.

Además, puede darse el caso de trabajadores en el extranjero que pierdan la atención médica pero se vean obligados a tributar y pagar sus impuestos en España, en el caso de que permanezcan fuera más de 90 días y menos de 183. “Es una ley rocambolesca”, ha enfatizado la parlamentaria.

Por todo ello, espera que las últimas manifestaciones del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados anunciando que los parados no se verán afectados sean “un paso atrás” y el adelanto de una rectificación. “Hace falta un pronunciamiento expreso y un cambio legislativo”, ha indicado.

Por su parte, Jairo Ceballos ha calificado la reforma como “un nuevo retroceso en políticas sociales llevado a cabo por el Gobierno del Partido Popular” y ha exigido “una rectificación” para evitar que los jóvenes estudiantes se vean abocados a financiar gastos sanitarios que pueden llegar a ser “cuantiosísimos” en caso de hospitalización.

“Es inconcebible e indignante que un Gobierno que se jacta y que reitera una y otra vez que no existe ningún tipo de recorte, ni en servicios sociales, ni en educación, deje en esta situación a los estudiantes. Es otro duro golpe contra quienes más sufren las consecuencias de las inexistentes políticas en materia de empleo juvenil”, ha declarado el secretario de las Juventudes Regionalistas.

También ha criticado la “doble cara” del Ejecutivo del PP, que “por un lado incita a los jóvenes a emigrar y por otro les deja sin sanidad pública por el mero hecho de estar más de tres meses fuera de España”. “Es incomprensible y por eso exigimos al Gobierno que reconsidere esta medida discriminatoria”, ha concluido.