Desde el PRC de Colindres advertimos de las consecuencias que estamos sufriendo por una "Alocada Gestión Urbanística" llevada a cabo por los sucesivos gobiernos socialistas en los últimos años.  

El último capítulo ha sido el pago de 50.000€ que tendrá que efectuar el Ayuntamiento a los herederos del abogado que llevó el caso de "La Charca de los Patos". Lamentablemente, este no es el primero ni el último de los embrollos en los que estamos inmersos, recordando el pago de 125.000€ que se hizo en el 2010 a los herederos de la finca de Villa Luz, por intereses de demora, al no querer abonar en tiempo y forma el primer pago de la citada finca que ascendía a 1.437.538,87 €.  

El caso Villa Luz será sin duda el más sangrante para las arcas municipales si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que valoró la finca en 5.400.000€. Este litigio está a punto de llegar a su fin pues, a finales de este mes de noviembre, tendrá lugar la vista en el Tribunal Supremo, que dictará la oportuna sentencia.  

Pero, lamentablemente, éste no es el único caso de esta "Alocada Gestión Urbanística" que, aparentemente, colma de beneficios al Municipio por medio de Convenios. Tal es el caso de la adquisición de la Finca de Doña Serafina por medio de un convenio condicionado a los derechos urbanísticos de los propietarios sobre unas fincas rústicas, a recalificar como urbanas, en Colindres de Arriba, de acuerdo a un Plan General de Ordenación Urbana inexistente, cuya tramitación está parada,  y que, en los últimos cuatro años de legislatura, no se ha hecho nada al respecto y por lo tanto no se han puesto esos terrenos a disposición de los propietarios en los términos acordados.  

Por último, otro de los convenios que, según los regionalistas, podría traer consecuencias negativas para las arcas municipales es el relativo a la Finca de "La Charca". En este caso, se les concede a los propietarios 1500 unidades de aprovechamiento en el entorno de la Alameda y Crucero que, si el Ayuntamiento no es capaz de gestionar esas unidades en un periodo de 6 años, deberá monetarizarlo y, por lo tanto, pagar a los propietarios sobre el valor del mercado de las mismas. El beneficio aparente del Ayuntamiento sería que en lugar de 91 viviendas en la Finca de "La Charca" se están construyendo 52.