El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria a iniciar gestiones ante la Administración central en defensa del mantenimiento de Correos como servicio público y en contra de su privatización.

Así lo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el diputado Rafael Pérez Tezanos, quien ha asegurado que Correos “está en peligro, porque desde fuera de España hay quien quiere hacerse con el bocado y con el negocio que representa y para conseguirlo está asediando a la empresa pública con pleitos y demandas, tanto aquí como en Bruselas, con el objetivo de asfixiarla económicamente y propiciar la situación adecuada a sus pretensiones”.

Pérez Tezanos ha apuntado a la francesa Post y la alemana Deutsche como impulsoras de ese intento privatizador, manifestado en la exigencia al Gobierno para que suspenda cualquier tipo de ayuda a Correos y una reclamación en Bruselas para que la empresa pública devuelva todo el dinero invertido en mejoras y modernización desde 1998.

“Sabemos que lo que buscan es propiciar su desaparición y su salida de lo público, mediante una operación de privatización”, ha recalcado.

Asimismo, ha lamentado la “pasividad e incluso complacencia” del Estado ante esta operación, ya que hasta el momento no ha hecho “nada” y ha permitido que “prosperen todas estas argucias sin oposición”. Es más, ha asegurado que el Gobierno central no está transfiriendo a Correos las cantidades aprobadas por el Congreso para acometer inversiones; ni cumple los compromisos asumidos con las centrales sindicales, “sospechosamente aparcados desde hace meses”; y ha eliminado 35 secciones y amortizado 8.000 puestos de trabajo directos en los 3 últimos años, desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa.

“Lo peor de todo es el silencio, porque nadie está alzando la voz para defender a Correos del ataque exterior que padece y esto es incomprensible”, ha agregado el parlamentario del PRC.

Pérez Tezanos ha advertido de las consecuencias que tendría para Cantabria la privatización de este servicio, que ha concretado en el despido de 160 trabajadores de una plantilla que en la actualidad está formada por 550 personas, y que en los últimos años ya ha perdido 130 empleos.

Además, ha hecho hincapié en las consecuencias para los municipios rurales, que “perderían el servicio tal como lo disfrutan ahora”, e incluso para los grandes núcleos urbanos, que también sufrirían “mermas notables”.

Ante esta situación, el PRC espera que el Parlamento asuma la iniciativa que defenderá en el Pleno del próximo 10 de noviembre y que el Gobierno autonómico inicie gestiones en Madrid para exigir “el rechazo a toda injerencia externa en la labor realizada por Correos” y defender este servicio como “un proyecto público y de Estado imprescindible en una sociedad avanzada”.