Los concejales del PRC en el Ayuntamiento de Noja han denunciado la “fragrante ilegalidad” cometida por el equipo de Gobierno (PP) al aprobar el presupuesto de 2013 “en contra de la ley y vulnerando gravemente los derechos de representación política reconocidos en la Constitución Española”, en un pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado lunes a las 8,15 horas y convocado el viernes anterior, a las 14,15.

Los ediles regionalistas han solicitado formalmente al alcalde, Jesús Díaz, que ponga lo ocurrido en conocimiento del Ministerio Fiscal, al entender que se ha incurrido en un “delito grave de prevaricación administrativa”, y que acuerde la suspensión cautelar del acuerdo adoptado y proceda a la convocatoria de una nueva sesión plenaria.

Según ha explicado el portavoz municipal del PRC, Miguel Ángel Ruiz, la ley contempla la convocatoria de sesiones extraordinarias y urgentes como “una excepción” y establece que debe realizarse con una antelación mínima de dos días hábiles para posibilitar a los miembros de la Corporación el acceso a la documentación. Ninguno de los dos requisitos ha sido respetado en este caso, dado que “no existe razón que justifique la urgencia de aprobar el presupuesto”, una vez que el alcalde ya había incumplido el plazo legal para hacerlo antes del 31 de diciembre. Además y al realizarse la convocatoria a última hora de la mañana de un viernes y estar las oficinas municipales cerradas el sábado y el domingo “han vulnerado el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 84 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y el artículo 23.2 de la Constitución Española, al imposibilitar el acceso real a la documento de la sesión a los concejales legítimamente electos del Ayuntamiento de Noja”.

“Estamos ante una violación clara del derecho a la representación política y de su proyección en el derecho al acceso a la documentación para poder controlar y fiscalizar la política del equipo de Gobierno”, ha explicado Ruiz.

En consecuencia, cree que existen “razones más que suficientes” para la intervención del Ministerio Fiscal y apela a la “responsabilidad” del alcalde para “restablecer la legalidad” y convocar una nueva sesión plenaria “donde se discuta y se informe jurídicamente sobre el fondo de las reclamaciones presentadas por el PRC al presupuesto de 2013”.

Acciones legales

De hecho, el PRC no descarta emprender acciones legales y presentar un recurso contencioso administrativo por todas las irregularidades en que ha incurrido el equipo de Gobierno en su elaboración y tramitación, al “vulnerar por todos los medios los derechos de la oposición” y negarle incluso legitimación para presentar alegaciones contra unas cuentas en las que existe “una manifiesta insuficiencia de los ingresos en relación a los gastos”.

En este sentido, Miguel Ángel Ruiz ha considerado “inaudita” la negativa a admitir a trámite las alegaciones regionalistas, cuando sus concejales están “perfectamente legitimados para formularlas”, dado que son vecinos del municipio, “interesados directos” en el presupuesto al afectarles directamente el régimen de compensaciones por asistencia a las sesiones del Ayuntamiento y miembros de un partido político “que vela por los intereses vecinales”.

Además, ha subrayado que al no estimar sus alegaciones el equipo de Gobierno ha aprobado unas cuentas “nulas de pleno derecho”, en las que existe “una manifiesta insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos”, dado que se computan transferencias procedentes del Estado y la Comunidad Autónoma que no figuran en sus respectivos presupuestos.

Dichos ingresos, por un importe de 563.000 euros, corresponden al Plan de Competitividad Turística que se desarrolló entre 2010 y 2012 y que ya no está en vigor, por lo que ni los presupuestos generales del Estado, ni los de Cantabria “consignan partida alguna a este fin destinada al Ayuntamiento de Noja”.

El portavoz del PRC ha denunciado además la existencia de partidas “de imposible justificación”, como los 30.000 euros destinados a seguridad privada cuando el Ayuntamiento cuenta con Policía Municipal propia, el incremento en un 50% de la asignación para asesoramiento urbanístico teniendo un servicio de arquitectos en nómina, la habilitación de 100.000 euros para la redacción del PGOU que está en marcha desde 2010 “y del que hasta la fecha no se ha presentado siquiera un avance”, el aumento en 40.000 euros de la consignación para limpieza viaria y la dotación de un capítulo de gastos diversos con 887.000 euros “cuyo destino es una incógnita”.

“Todo el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto ha sido un despropósito contrario a la legalidad vigente y a los principios de transparencia que deben regir el comportamiento de una administración pública”, ha concluido Miguel Ángel Ruiz.