El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado hoy al Partido Popular de “atacar, de fondo” el futuro de los Servicios Sociales al poner en marcha “políticas indiscriminadas que recortan los derechos de las personas más necesitadas”.

Para la diputada regionalista Rosa Valdés, el PP ha incumplido “gravemente” sus promesas electorales aprobando el nuevo Decreto, lo que, en su opinión, supone “una condena de manera definitiva” a la calidad de la atención de más de 10.000 dependientes en Cantabria, que eliminará del sistema a futuros beneficiarios.

“Todo”, ha subrayado,  “por no gastar” seis millones de euros en los servicios sociales que, hasta mayo de 2011, eran “su absoluta prioridad”. “No es un ahorro, es un fraude y una inmoralidad”, ha sostenido.

Por ello, Valdés ha enfatizado que tanto el presidente regional, Ignacio Diego, como la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, “son desleales” con las personas dependientes y sus cuidadores, ya que han aplaudido “las políticas antisociales” de Rajoy.

Además, ha puesto de manifiesto la contradicción de Buruaga que, por una parte, considera el sistema de protección social como “el mejor” y, por otra, afirma que es “la nada, para justificar la tijera empleada por el presidente de su partido”, ha subrayado.

Y ha advertido que la consejera de Sanidad, “con sus buenas palabras, oculta los efectos” que la reforma va tener: demora en la tramitación de los expedientes durante dos años y retraso de un año más en la atención de los dependientes moderados.

A su juicio, en el primer caso, se perjudicará a “miles de solicitantes”, pudiéndose dar el caso de que se produzcan, “desgraciadamente”, fallecimientos sin que se les reconozca la prestación; y, en el segundo, se agravará su situación “por falta de una atención adecuada, salvo que se la puedan costear”, ha explicado.

En este sentido, Rosa Valdés ha calificado de “hipocresía mayúscula” la presentación de una “nueva cadena de recortes” a la Ley de Promoción de la Autonomía personal y atención de la Dependencia “como si fuera la salvación” de nuestro sistema de bienestar, cuando en realidad nos hallamos  ante “el ataque más despiadado e insolidario” que ha recibido esta ley desde su puesta en funcionamiento.

Por ello, se ha preguntado qué han hecho los cuidadores familiares, especialmente, las mujeres cuidadoras “auténticas paganas” de esta reducción, ya que “elimina la seguridad social y reduce la prestación económica para hacer frente a los gastos de cuidado en el hogar y el número de horas de atención de la ayuda a domicilio”.

Por último, la diputada regionalista ha incidido en que nos encontramos con un Gobierno que “no cuestiona la viabilidad económica de Bankia” y “sí la de un sistema” que se ha reconocido como “rentable social y económicamente” tanto en España como en Cantabria. “Un sistema que genera empleo y actividad económica, incluso en la situación de crisis en la que nos encontramos”, ha concluido