El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Noja, Michel Ruiz, ha acusado hoy al alcalde, Jesús Díaz (PP) de recurrir a “una argucia legal” para eludir su declaración ante el juez como imputado por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, inicialmente prevista para hoy, y posponerla hasta después de las elecciones municipales del próximo 24 de mayo para evitar contar a los vecinos “la realidad de su gestión” al frente de esta Administración local.

Ruiz ha valorado de este modo el recurso presentado por Díaz ante la Audiencia Provincial ante un error cometido por el Juzgado de Santoña, pese a que a día de hoy ya está “perfectamente subsanado y no le ha acarreado ninguna situación de indefensión”.

Considera por ello que dicho recurso no es más que “una triquiñuela” del alcalde, quien “intenta mantenerse a toda costa como candidato del Partido Popular con la vana esperanza de conservar el sillón”.

En su opinión, no se entiende que, por una parte, intente que el Ayuntamiento se persone como parte perjudicada y, por otra, intente que la Corporación “le arrope en su inocencia, sin cumplir los procedimientos legales, saltándose la normativa, con el único objetivo de obtener información que no tendría desde su condición de imputado, pero sí, si el Ayuntamiento hubiese sido declarado parte perjudicada”.

Por ello, ha apuntado que no intente transmitir su “inocencia” cuando en realidad “lo único que ha hecho es dilatar su comparecencia en el juzgado, poniendo en entredicho la decisión de la jueza del caso”.

“Las pruebas en contra de su gestión son muy sólidas y es muy difícil que salga indemne del procedimiento judicial iniciado en su contra”, ha agregado el portavoz regionalista.

Jesús Díaz ha sido imputado junto a los concejales de Obras y Medio Ambiente, Manuel Alonso y Emilio Gándara, respectivamente, y el ex secretario municipal ya jubilado, José Luis Sáinz, a consecuencia de dos denuncias presentadas por los concejales del PRC por el funcionamiento sin licencia de un local de hostelería, la gestión de servicios sin contrato y la realización de pagos sin consignación presupuestaria.

La primera de ellas fue interpuesta el pasado junio, a consecuencia de la pasividad del equipo de gobierno ante las actividades sin licencia de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, alquilado durante un tiempo por un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por “inacción y dejación de funciones”.

El PRC decidió acudir al Juzgado tras constatar numerosas irregularidades administrativas en el funcionamiento de dicho negocio, denominado ‘Al sur de Noja’, desde el año 2009, cuando comenzó a ejercer la actividad de restaurante en una zona del casco tradicional del Noja donde no estaba permitida la actividad hostelera.

Aunque el Ayuntamiento puso en marcha en aquel momento una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para legalizar dicha actividad, la Comisión Regional de Urbanismo la informó desfavorablemente, por lo que el equipo de gobierno optó por reformar la Ordenanza Reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamientos Comunitarios, con la que finalmente facilitó la instalación de establecimientos hosteleros y la ampliación de los horarios de apertura, a juicio del PRC “con el objetivo inequívoco de favorecer al concejal propietario del local”.

Aunque finalmente obtuvo licencia como restaurante, ‘Al sur de Noja’ no se limitó a esa actividad, sino que también ofreció servicios de bar, cafetería y pub en horario nocturno, con terraza exterior, actividades lúdicas y todo tipo de actuaciones musicales y de entretenimiento, lo cual motivó la denuncia de varios vecinos en 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que confirmó la “ilegalidad” e incluso condenó al Ayuntamiento por no tomar medidas.

Servicios sin contrato y pagos sin presupuesto

La segunda denuncia regionalista fue presentada en julio contra el alcalde y el ex secretario municipal, por posible prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos y un delito contra las garantías constitucionales, por gestionar servicios municipales sin contrato y realizar pagos a empresas sin consignación presupuestaria, y en contra de las advertencias de la Intervención Municipal.

En este caso, el PRC optó por acudir al juzgado ante numerosas irregularidades administrativas en la gestión de los servicios municipales por parte de empresas a las que el Ayuntamiento pagó más de 200 facturas, por importe de 800.000 euros, sin tener presupuesto, ni autorización legal del gasto. La demanda advertía de la gestión desde 2009 “sin contratos, ni procedimientos de adjudicación y obviando las advertencias realizadas por los servicios de intervención, en más de 50 reparos”.

De hecho y como consecuencia de esa situación, algunas de las empresas encargadas de los servicios tuvieron que acudir a los tribunales para reclamar los pagos, lo cual dio lugar a varias sentencias contra el Ayuntamiento, que tuvo que afrontar tanto el coste de los servicios prestados pero no contratados, como los intereses legales por la demora en la liquidación.

Sin embargo, esta situación no evitó que las empresas afectadas continuaran trabajando para el Consistorio, por lo que el PRC sospecha de una posible “connivencia” para asumir la “ilegalidad” y continuar prestando los servicios, dado que además las “beneficiarias” de tales irregularidades “se repiten de manera casi permanente”: Igualatorio Médico Quirúrgico, Ambulancias Mompía, Limpiezas, Sistemas y Procesos Mecanizados, Limpiezas Santander, De la Fuente Producciones Artísticas y Taesa 2000, fundamentalmente.

Como ejemplo, la denuncia presentada por los regionalistas en el Juzgado de Santoña destaca el caso del Igualatorio Médico, al que el Ayuntamiento de Noja paga más de 6.000 euros trimestrales desde 2009 mediante resoluciones de Alcaldía, un procedimiento que evidencia “la voluntad del alcalde de incumplir la ley, ya que podía haber procedido en cualquier momento a la contratación administrativa del servicio”.

También menciona la demanda la situación de Ambulancias Mompía, ya que existe una sentencia que indica que el Ayuntamiento no siguió el procedimiento legal de contratación y le condenó por enriquecimiento injusto al pago de 250.000 euros, más los intereses de demora y las costas del proceso, lo cual elevó el coste para las arcas locales hasta los 350.000 euros.

La relación del Consistorio con Limpiezas, Sistemas y Procesos Mecanizados y Limpiezas Santander es similar, dado que en ambos casos existen sentencias, con un coste superior a los 100.000 euros para el erario público de Noja.