El portavoz del Grupo parlamentario regionalista, Rafael de la Sierra,  ha afirmado hoy que el PRC acoge con “muchísimas dudas y recelos” la Ley de Reforma Local, aprobada esta mañana en el Consejo de Ministros, y teme que, en algunos aspectos,  “siga constituyendo una excusa legal” para privatizar servicios públicos, con el añadido de que “ni siquiera está claro que vaya a suponer un ahorro para las arcas públicas”.

De la Sierra, quien ha explicado que la formación política realizará una lectura “calmada y detallada” cuando disponga del texto completo para ofrecer una valoración más en profundidad,  considera que algunas de las modificaciones introducidas pueden no ser más “una cesión muy parcial y, en ocasiones, sólo de nombre” que no supongan una “verdadero avance” respecto a las propuestas conocidas con anterioridad.

Además, ha señalado que será  importante “analizar” el alcance de la modificación del coste estándar por el coste efectivo, aunque ha adelantado que, en su opinión, “los peligros para el municipalismo se mantienen”.

“Pese a los cambios introducidos, que vienen a demostrar que no tiene las ideas claras, el Gobierno del Partido Popular vuelve a dejar meridianamente claro que no confía en los municipios pequeños”. En este punto, ha recordado que el 97 por ciento de los municipios cántabros tienen menos de 20.000 habitantes, por lo que este texto supone un “serio peligro para los intereses de los cántabros, para la actuación de los ayuntamientos y para el mantenimiento de los servicios públicos”.

Además, ha criticado que, “frente al ataque sistemático al municipalismo”, se opta nuevamente por potenciar las Diputaciones, un planteamiento al que el PRC “se opone frontalmente”. Así, considera que éste “no es el camino adecuado”, máxime cuando no se avanza nada en potenciar órganos intermedios como las mancomunidades y las comarcas, y cuando se propone la fusión de municipios, “en cierto modo, por la vía de la coacción”.   

Por otra parte, se ha mostrado “a favor” de un control de las remuneraciones en el ámbito municipal, pero ha advertido que la supresión de la remuneración en los municipios pequeños sería “inaceptable en Cantabria”.

Por último, ha adelantado que el PRC “examinará detalladamente” la distribución de competencias que plantea la normativa. “Hemos defendido siempre que un determinado nivel de servicios sociales ha de mantenerse en el ámbito municipal debidamente financiado y en esa vía seguiremos trabajando”, ha concluido.