El Grupo Parlamentario Regionalista ha aceptado un calendario de tramitación del presupuesto regional de 2012 que permitirá su aprobación el 29 de diciembre, con el fin de garantizar que entre en vigor el 1 de enero y evitar que los cántabros “paguen el pato del inaceptable retraso” en que ha incurrido el Gobierno de Cantabria al presentarlo en la Cámara con tres semanas de retraso, al día siguiente de las elecciones generales, “en contra de la Ley de Finanzas y sin más razón que los intereses electorales del PP”.

A pesar de su “rotundo rechazo” al comportamiento del Ejecutivo, el PRC ha apoyado esta mañana un calendario alternativo al propuesto por el Partido Popular, que propugnaba la aprobación para el día de Nochebuena, que finalmente ha sido el aceptado y que fija en el 29 de diciembre la ratificación de las cuentas.

Según ha explicado el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, su grupo “soportará las consecuencias” de la situación “excepcional” provocada por el Gobierno y estudiará el documento “a marchas forzadas”, al contar con 8 días hábiles menos de los que son norma y costumbre parlamentaria en la tramitación de esta ley.

“Vamos a tener menos tiempo para preparar nuestras propuestas y, sobre todo, para conectar con los grupos sociales, los ayuntamientos, las instituciones y los ciudadanos en aras a recabar sus aportaciones, por lo que esperamos que a cambio el Ejecutivo actúe con transparencia y generosidad, a la hora de facilitar a los grupos parlamentarios la información que necesitan para ejercer adecuadamente su labor”, ha agregado.

También ha señalado que la reducción de los plazos de tramitación se verá “en parte compensada” porque el proyecto de ley “reproduce de forma casi milimétrica la estructura del presupuesto de 2011 y tampoco hay variación excesiva en los programas y las grandes cifras”.

De la Sierra ha advertido no obstante que el retraso en la presentación de “la ley más importante de cuantas promueve el Gobierno al cabo del año” no puede repetirse, por lo que le ha exigido que en el futuro “cumpla la ley y actúe con más responsabilidad y rigor”, para que el Parlamento “no vuelva a verse en situaciones como la de este año”.

Finalmente, también ha denunciado el incumplimiento por el Ejecutivo de su obligación legal de presentar el documento presupuestario al Consejo Económico y Social, tras el “rifirrafe” que el presidente, Ignacio Diego, ha mantenido con esa institución, como consecuencia de sus objeciones a la Ley de Medidas Económicas y Administrativas.

El portavoz regionalista ha explicado que el Ejecutivo debe informar al CES del contenido del proyecto presupuestario “simultáneamente a su remisión al Parlamento”, tal como establece el artículo 12 de la Ley 6/1992, de creación del Consejo Económico y Social.