El Grupo Popular ha vuelto a imponer este lunes su mayoría absoluta para rechazar, en el Pleno del Parlamento, las iniciativas planteadas por el Grupo Regionalista para reivindicar al Estado el pago de la deuda histórica, y especialmente la financiación para culminar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; mantener la calidad y la inversión en la educación pública, y revolver la problemática que padecen los afectados por la Ley de Montes.

La actitud del PP ha provocado la indignación de los diputados regionalistas, entre ellos María Teresa Noceda, quien ha acusado al consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, de anteponer a los 496 alumnos del colegio Torrevelo, propiedad del OPUS, a los 60.000 estudiantes de la enseñanza pública cántabra, tras aprobar el Gobierno el concierto educativo de dicho centro, con un gasto público de casi 500.000 euros este año y más de 1,1 millones en 2013.

Noceda ha instado al Ejecutivo a reconsiderar esta situación y poner fin a los recortes que está llevando a cabo en la educación pública, lo cual ha despertado las risas de Miguel Ángel Serna. “Se está usted riendo de mí, no lo haga, porque yo represento a muchos ciudadanos de Cantabria”, le ha reprochado.

Pero la diputada del PRC no ha logrado persuadir al Grupo Popular, cuyos 20 parlamentarios han votado en contra de “mantener la calidad en la educación pública de Cantabria, retornando a los índices de calidad y a los niveles de inversión alcanzados en la etapa de anterior Gobierno PRC-PSOE” y de “cumplir con la legalidad y respetar las resoluciones judiciales en la concesión y dotación de los conciertos educativos”, como rezaba textualmente la proposición no de ley.

No al pago de la deuda histórica

Los populares también han rechazado exigir al Gobierno de España que arbitre, en el plazo de tres meses, una fórmula para compensar toda la deuda del Estado con Cantabria, incluida la financiación íntegra de las obras de Valdecilla

En este caso ha sido la diputada Alodia Blanco quien ha defendido la moción del PRC y ha criticado la “falta de coraje” del presidente regional, Ignacio Diego, quien después de cifrar esa deuda en 590 millones de euros, durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha renunciado a su pago desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa.

Blanco ha rechazado la “sumisión” de Diego a la dirección nacional del PP y su conformismo ante el recorte de más del 30 por ciento que han experimentado las inversiones del Estado en la región, mientras aumentan en otras comunidades del Cantábrico, como Galicia o el País Vasco.

“Aquí con 10.000 euros para el AVE nos conformamos, mientras las inversiones aumentan en Galicia y el País Vasco, donde quieren ganar las elecciones, ése es el coraje del señor Diego”, ha denunciado.

Soluciones para los afectados por la Ley de Montes

Idéntica suerte ha corrido la moción presentada por el portavoz del Grupo Regionalista, Rafael de la Sierra, con el fin de aportar soluciones a los afectados por la Ley de Montes, pese a que todas las propuestas que ha realizado coinciden íntegramente con las promesas que Ignacio Diego realizó antes de su llegada al Gobierno.

Los compromisos del presidente no han sido respaldados por el PP, que ha rechazado en bloque la mano tendida por los regionalistas para hacer uso de la posibilidad que el Estatuto de Autonomía otorga al Parlamento de Cantabria para remitir a las Cortes Españolas una proposición de ley que modifique la legislación estatal que ha provocado esta problemática.

Rafael de la Sierra ha lamentado que los populares olviden de este modo el triple compromiso de Ignacio Diego para garantizar que ningún afectado pierda su propiedad, posesión o derecho de aprovechamiento hasta encontrar una solución, mantener el sistema de aprovechamiento tradicional mediante consorcios y presentar en el Parlamento cántabro la Ley de Montes, ignorando que fueron esas promesas las que hicieron posible que “muchos afectados le dieran su apoyo”.