El Grupo Parlamentario Popular ha impedido esta mañana en la Mesa del Parlamento la comparecencia del presidente regional, Ignacio Diego, solicitada por el PRC para que dé explicaciones de las consecuencias que tendrá para Cantabria la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el céntimo sanitario.

El vicesecretario general y portavoz parlamentario de los regionalistas, Rafael de la Sierra, ha dado a conocer esa “imposición”, que considera “un buen ejemplo de la calidad democrática” del PP. “El presidente no se atreve a acudir al Parlamento, porque eso supone admitir el error que cometió al implantar en la Comunidad Autónoma un impuesto que, además de injusto, es contrario a la legislación europea, y el Grupo Popular ampara su cobardía haciendo valer la fuerza de la mayoría absoluta”, ha lamentado.

De la Sierra ha pedido al portavoz de los populares, Eduardo Van den Eynde, que explique si ésa es “la calidad democrática que ayer exigía públicamente a la oposición” o, por el contrario, “la demostración de que el PP predica una cosa y a renglón seguido hace justo la contraria”.

A su juicio, la negativa del presidente a hablar en el Parlamento del céntimo sanitario confirma que su Gobierno “mintió” cuando dijo que la sentencia europea no tendría efectos en Cantabria, porque lo cierto es que la Comunidad Autónoma “tendrá que devolver como mínimo los 6,5 millones de euros recaudados en 2012 y aún está por ver lo que pasará con la recaudación de 2013 y 2014”.

El portavoz regionalista, quien en la reunión de la Mesa ha vuelto a abogar por la abolición de este impuesto, ha censurado que, después de cometer “un error gravísimo” con su implantación, Diego “se esconda ahora y no dé la cara para responder de la torpeza que ha supuesto”, ya que la implantación del céntimo sanitario ha provocado el desvío del consumo de combustibles hacia el País Vasco, donde no se aplica, con la consiguiente caída del consumo en las estaciones de servicio cántabras.

En este sentido, ha recordado que en la región se venden hoy 25 millones de litros de combustible menos que antes de la aplicación del gravamen, lo cual ha supuesto una caída de la facturación que las propias gasolineras cifran en 20 millones de euros y la desaparición de 260 puestos de trabajo en este sector.

A este retroceso se suma ahora la devolución de lo recaudado que impone la sentencia del tribunal europeo, por lo que De la Sierra ha criticado que el Ejecutivo de Diego quiera “perseverar en el error y no se sienta obligado a responder ante los representantes de los ciudadanos por ello”.