El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista Rafael de la Sierra ha acusado hoy al Gobierno de Ignacio Diego de “vulnerar la legalidad y el derecho de información” de los diputados por no remitir al Parlamento las actas de la Comisión Bilateral y Grupo de Trabajo que ha solicitado.

“Una cosa es predicar y otra dar trigo. A escasos días de declarar pomposamente su oposición al fracking, el presidente Diego oculta las actas de las reuniones que permitieron al Gobierno de España aprobar una ley en las Cortes que hacía inconstitucional la ley que prohibía el fracking en Cantabria. Esa es la doble moral de este Gobierno”, ha subrayado.

El diputado regionalista ha reiterado nuevamente la petición de remisión de dicha documentación porque “no da crédito” al escrito recibido en el que se indica que “no existen” actas de las reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo.

Para De la Sierra, esta respuesta, recibida después de haber tenido que solicitarla en dos ocasiones “por incumplimiento del Gobierno”, resulta “inadmisible y una burla” al Parlamento y al derecho de información de los diputados cántabros, ya que es obligatorio levantar acta de todas las reuniones de la Comisión y existe constancia pública de la existencia de múltiples acuerdos adoptados en su seno.

Por ello, el portavoz regionalista se ha visto obligado a presentar un nuevo escrito reiterando la solicitud de remisión de la documentación referente a las reuniones mantenidas por la Comisión Bilateral desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha y relativas a los supuestos previstos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979.

De la Sierra desmonta “el subterfugio” buscado por el Gobierno de Cantabria, que argumenta que “no existen actas de las reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo”.

Sin embargo, la Orden APU/173/2003 recoge textualmente que “de cada una de las sesiones de la Comisión se levantará acta, que recogerá sucintamente la relación de asuntos tratados, las posturas mantenidas por las partes sobre los mismos y los acuerdos, en su caso, adoptados”.

Dicha Orden es “explícita” en el apartado IV.1 en el que indica que, en el caso de negociaciones para evitar un recurso de inconstitucionalidad, se deben remitir al Tribunal Constitucional y publicarse en el Boletín del Estado y en el Boletín Oficial de Cantabria.

En este sentido, el portavoz regionalista recuerda que se han producido cinco reuniones, por ejemplo, para iniciar negociaciones sobre las leyes cántabras 1/2013, 6/2013, 7/2013 y 9/2013 en las que se acuerda abrir negociaciones y encomendar su desarrollo al Grupo de Trabajo, que también evidentemente ha debido tener reuniones.

Es más, “se constata” que si hay falta de acuerdo no será necesaria una nueva reunión de la Comisión Bilateral “sino que bastará para ello el levantamiento del acta de la reunión del Grupo de Trabajo”. En este último caso, Rafael de la Sierra ha sostenido que es “evidente” que esta discrepancia se ha producido en el caso de la ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, sobre la prohibición del fracking, pues las negociaciones en el Grupo de Trabajo es un hecho que no han dado resultado, ya que el Gobierno acabó presentando el recurso, que dio lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la ley. “Por tanto, sí tiene que haber, al menos, un acta del Grupo de Trabajo de especial relevancia”, ha subrayado.

“Creemos que lo que el Gobierno llama negociaciones ha sido en muchas ocasiones un paripé. Y, en el caso de la ley de prohibición del fracking, un truco para conceder al Estado nueve meses para presentar el recurso al Tribunal Constitucional, lo que permitió a las Cortes españolas aprobar la ley que sirvió de fundamento para la aceptación del recurso”, ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que, por ejemplo, el pasado 10 de febrero se acordó iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo en la ley de Cooperativas de Cantabria, el mismo día se decidió remitir el asunto al Grupo de Trabajo, y el mismo día, según consta en el Boletín Oficial del Estado, se llegó al acuerdo entre ambos gobiernos. “Sorprendente caso de celeridad, que nos gustaría analizar a la vista de las actas correspondientes”, ha recalcado.

Por ello, ha considerado “falso” que no existan actas de las reuniones y ha insistido en la petición de dicha documentación.