El Ayuntamiento de Polanco aprobó ayer una propuesta del PRC para constituir una Comisión Local de Seguridad, de mutuo acuerdo con la Delegación del Gobierno, capaz de atender situaciones de emergencia como la vivida recientemente en el municipio como consecuencia de una oleada de robos en viviendas.

La iniciativa fue defendida por la portavoz regionalista, Rosa Díaz, que instó al Pleno a poner en marcha el procedimiento para crear dicha comisión al amparo de la legislación que permite esta fórmula en aquellos ayuntamientos donde no puede constituirse Junta Local de Seguridad, porque carecen de Cuerpo de Policía Local, como es el caso de Polanco.

De este modo, el PRC quiere garantizar “una respuesta de urgencia” en el caso de que se repitan oleadas delictivas como la del pasado mes de noviembre, ya que al estar constituida la comisión “siempre podrá realizarse en caso necesario una convocatoria extraordinaria, con la consistencia y rapidez que exigen este tipo de situaciones”.

Considera además que el crecimiento experimentado por Polanco en los últimos años tiene aparejado “un potencial aumento de sucesos delictivos”, que justifica la adopción de ese órgano de seguridad que, una vez creado de acuerdo con la Delegación del Gobierno, se reunirá con carácter general una vez al año.

Nivelación del presupuesto

Por otro lado e igualmente en Pleno de ayer, el equipo de Gobierno impidió el debate de la reclamación planteada por Díaz contra el presupuesto municipal, al vulnerar la nivelación obligatoria por ley por exceder los gastos a los ingresos, como consecuencia de la computación errónea de la recaudación prevista en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, en la que se han incluido fincas rústicas.

El debate no fue posible porque la reclamación se presentó con dos días de retraso sobre el plazo formalmente establecido, una razón que la portavoz regionalista ha considerado “formalista e insuficiente”, cuando el objetivo de su grupo era “contribuir a solucionar un problema que el Ayuntamiento arrastra desde la anulación del Plan General de Ordenación Urbana a principios del año pasado”.

Por ello, ha lamentado la postura “inflexible” del alcalde y su decisión de ampararse en los plazos para no abordar “una irregularidad jurídica constatada y que está ocasionando perjuicios a los propietarios de fincas a los que el Ayuntamiento reclama pagos que por ley no les corresponden”.