El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha exigido este lunes al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que explique por qué “protege a los que lo tienen todo y castiga a los que no tienen nada”, con una política de recortes que incide de lleno en las políticas sociales y en servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad, al tiempo que suprime el Impuesto de Sucesiones, cuando solo afecta de forma significativa a quienes heredan bienes por valor superior a un millón de euros.

Con una interpelación al Gobierno, De la Sierra ha defendido el mantenimiento del Estado del Bienestar frente a los retrocesos que está sufriendo a causa de los recortes que se están aplicando a nivel regional y nacional y ha destacado que, a pesar de las dificultades económicas, el Gobierno puede elegir entre diferentes alternativas y en manos del PP lo está haciendo a favor de “los más privilegiados”.

Como ejemplo, ha explicado que la ley de recortes remitida por el Ejecutivo al Parlamento cántabro contempla como “medida estrella” la reducción de la Renta Social Básica, de tal modo que un nuevo parado que termine su prestación, aunque tenga a todos los miembros de su familia en el desempleo y ningún ingreso, tendrá que esperar seis meses “sin cobrar un duro”. “¿De qué vive ese tiempo? ¿quién le apoya durante ese tiempo?”, se ha preguntado.

Además, ha destacado que quienes dejen de percibir la Renta Social Básica al cabo de dos años tendrán que solicitarla de nuevo y esperar otros seis meses antes de recibir ayuda, “aunque estén en la miseria y tengan hambre”.

“Ésa es su opción y tenían alternativa a esa opción”, ha agregado Rafael de la Sierra, tras recordar la supresión por el actual Gobierno del PP del impuesto de sucesiones a las grandes fortunas.

El portavoz regionalista ha cuestionado además que el Ejecutivo pretenda hacer creer a los ciudadanos que mejora la sanidad “reduciendo médicos y prestaciones” y la educación, “aumentando la ratio de alumnos y disminuyendo profesores”. Además, ha recordado que el presidente prometió hace menos de un año que dimitiría si no incrementaba un 2 por ciento los recursos de la sanidad, si hacía recortes en educación, si no aumentaba la atención a la dependencia y no incrementaba al menos un 10 por ciento las prestaciones sociales.

“No ha cumplido ninguno de esos compromisos y no le pedimos que dimita, pero lo menos que le pedimos es que explique a este Parlamento por qué se equivocó y se comprometió sin fundamento, debe demostrar si es un gobernante responsable o alguien de quien no nos podemos fiar, porque no tiene palabra”, ha recalcado el portavoz regionalista.

Calidad en los servicios sanitarios

Por otro lado y tras la interpelación de la semana pasada a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, sobre la adjudicación del transporte sanitario a una empresa foránea propiedad de un ex alto cargo público del PP, que ofertó un precio más barato que la compañía cántabra que lo había prestado hasta ahora, pero también una calidad muy inferior, la diputada Concepción Solanas ha conseguido este lunes la aprobación por unanimidad de una moción para que el Gobierno establezca y exija unos mínimos de calidad a la hora de contratar los servicios públicos.

Solanas ha advertido del “precedente” sentado por la Consejería de Sanidad al elegir a la prestataria del servicio de ambulancias teniendo en cuenta únicamente el coste y no la calidad de la prestación. “Nos da miedo que, a partir de ahora, para conseguir un contrato sanitario en Cantabria haya que bajar la calidad para poder bajar el precio, lo cual no debería ser así”, ha explicado.

Por ello, la moción regionalista aprobada este lunes determina la inclusión de “un mínimo de calidad” en los pliegos de condiciones que regulan la adjudicación de los servicios sanitarios, para garantizar que los ciudadanos los reciben “con las mejores características posibles”.

El PRC espera de este modo que no se repitan situaciones como la ocurrida con el servicio de ambulancias, cuya adjudicataria apenas consiguió 15 de los 44 puntos posibles por la calidad de sus servicios. “Si hubiera sido un examen del colegio, no habría aprobado, porque ni siquiera se ha acertado a la mitad de la puntuación”, ha explicado Solanas.

Prevención de incendios forestales

La necesidad de medidas para prevenir y sofocar los incendios forestales, después de que el pasado mes de marzo el Gobierno de Cantabria se viera obligado a pedir la ayuda del ejército para hacer frente a los 509 siniestros que se registraron, en su inmensa mayoría provocados, ha sido otro de los temas abordados esta tarde por el Pleno a instancias del PRC. Fernando Fernández propuso al Gobierno, vía proposición no de ley, la elaboración en el plazo de tres meses de un plan de prevención y extinción, pero la mayoría absoluta del PP hizo valer sus votos para rechazar la iniciativa.

Fernández ha lamentado ese rechazo, que achaca a la incomprensión, máxime cuando también las organizaciones conservacionistas reclaman al Ejecutivo una actuación en este sentido, conscientes de que el monte “arde porque lo queman”, ya que el 90 por ciento de los incendios que se registran en las superficies forestales cántabras son provocados.

El diputado regionalista ha destacado la necesidad de hacer compatibles los usos agrícolas con la conservación de los montes, ya que de lo contrario Cantabria se enfrentará a la pérdida de unos espacios que no sólo forman parte de sus señas de identidad, sino que también configuran una importante fuente de riqueza económica.