El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, y la diputada responsable de políticas sociales, Rosa Valdés, han reiterado esta tarde en el Pleno del Parlamento su rechazo a la reforma local planteada por el Gobierno del PP, al que De la Sierra ha acusado de utilizar el ahorro como “coartada” para acabar con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, cuando su deuda y su déficit representa un porcentaje mínimo del PIB.

Aunque no han logrado convencer a la mayoría absoluta de los populares, que ha impedido con sus votos la aprobación de las propuestas del PRC en defensa de los municipios y de los servicios sociales que hasta ahora han prestado, el portavoz regionalista ha dejado claro que la deuda del Estado es 16 veces la de los ayuntamientos y el déficit, “casi 20 veces más”.

Según ha explicado, los últimos datos oficiales cifran en 692.832 millones la deuda del Estado y en 167.163 la de las Comunidades Autónomas, lo cual representa el 66 y el 16% del PIB, respectivamente, mientras que la de los ayuntamientos se sitúa en 43.105 euros, el 4,1%, y la de las juntas vecinales equivale a 0 euros.

En lo que respecta al déficit existe también una distancia sustancial, ya que la Administración del Estado acumula 40.330 millones de euros (3,84% del PIB) y las Comunidades, 18.171 millones (1,73%), cantidades muy superiores a las atribuidas a los ayuntamientos: 2.100 millones (0,20%).

De la Sierra ha destacado además que sólo cinco municipios, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga, tienen la cuarta parte de la deuda total.

A la vista de estos datos, ha considerado “absolutamente indignante” el trato que reciben los ayuntamientos en una reforma realizada desde “la desconfianza y el desprecio” a los municipios menores de 20.000 habitantes, “con amenazas de supresión o de intervención basados en conceptos indeterminados, que llevan a la arbitrariedad, con tutela permanente y el establecimiento de estándares de coste que nadie conoce, ni nadie prevé con claridad”.

A su juicio, la modificación de la Administración Local tiene detrás al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya estrategia es “atacar al más débil y crear un señuelo de cara al exterior, a los mercados, las instituciones europeas y las agencias de calificación, aparentando tomar medidas drásticas en un sector tradicional que en Europa probablemente se entienda mal, sin profundizar en la auténtica realidad”.

De hecho, el portavoz regionalista ha agregado que si se suprimieran los 84 ayuntamientos de Cantabria con menos de 5.000 habitantes “no se ahorraría ni siquiera lo que cuesta el Palacio de Festivales en un año”.

Servicios municipales 

En la misma tesis ha ahondado la diputada Rosa Valdés, quien ha defendido otra iniciativa, en este caso para instar al mantenimiento de los servicios municipales que hasta ahora han prestado los ayuntamientos y que la reforma pone en peligro: los consultorios médicos, los servicios sociales de atención primaria, las escuelas infantiles y guarderías o los servicios de protección civil.

Valdés ha subrayado que todos estos servicios “inciden directamente en el bienestar de los vecinos en todos los pueblos” y son en el actual momento de recesión económica “más necesarios que nunca”, por lo que ha reprochado que un presidente regional que ha sido alcalde, como es el caso de Ignacio Diego, se haya convertido en “el principal adalid del ataque más furibundo a la autonomía local que se recuerda”.

También ha lamentado la actitud de la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, a quien ha acusado de “renunciar a sus recios principios y convicciones sociales para recortar la asistencia sanitaria por ejemplo en Soba”, donde ha eliminado una de las dos plazas de médico que existían hasta el momento. “Desde su sillón de consejera se olvidó de cuando ella misma reivindicaba más médicos, más personal y más consultorios en las zonas rurales”, ha denunciado.

Valdés ha criticado el recorte de 34 millones de euros que han sufrido en los presupuestos de este año los servicios públicos locales a manos de un Gobierno que “no ha podido hacer más daño en menos tiempo a más personas y con menos sensibilidad”.

La parlamentaria ha exigido por todo ello un cambio de actitud y ha pedido al Ejecutivo que “deje de proteger sus intereses de partido y defienda los de los municipios cántabros”. “Están a tiempo de rectificar”, ha concluido.