El Partido Regionalista de Cantabria considera “inadmisible” el modelo de Registro Civil que quiere implantar el Partido Popular, ya que lo “centralizan” en las ciudades y  “limitan” los servicios que se prestan en los pequeños municipios.

“Es un atentado a la vida en los núcleos más alejados de las grandes urbes” y “va en contra de los principios de proximidad y subsidiaridad”, ha aseverado el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, durante la presentación de la proposición no de ley que ha registrado el Grupo Parlamentario y que, según ha afirmado, “puede ser aceptada” por todos los grupos de la Cámara regional si realmente se preocupan por “lo que es mejor para los ciudadanos de Cantabria”.

Hernando  ha apuntado que la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy para cambiar el modelo de Registro Civil “marca la diferencia” entre la política del PP y del PRC, que “siempre”, según ha destacado, ha defendido la prestación de los servicios “se esté dónde se esté”.

Por ello, ha calificado de “atentado” el nuevo modelo de Registro Civil que pretende poner en marcha el ministerio de Justicia porque, a pesar de que mantiene su carácter público y gratuito, lo hace en un “único registro centralizado e informatizado, gestionado por la Administración de Justicia y dirigido por letrados en lugar de por jueces”.

En su opinión, esto, “en el fondo” esconde una “privatización” del servicio porque los ciudadanos tendrán que acudir a gestorías para realizar trámites, como solicitar una partida de nacimiento o un certificado de defunción, que ahora pueden hacer a través de los jueces de paz o en sus ayuntamientos y que con la propuesta del PP les obligará a desplazarse a Santander. “Un modelo que ahora funciona correctamente y con unos costes ajustados”, ha sostenido.

No obstante, Hernando ha reconocido que “es necesario agilizar” los servicios del Registro Civil y la informatización y modernización tecnológica de la gestión, pero no como pretende hacer el ministerio que “deja en manos” de las comunidades autónomas el coste económico.

Por ello, los regionalistas consideran “básico e irrenunciable” que se mantenga el actual sistema de forma transitoria “hasta que no se implante el nuevo sistema informático de gestión basado en el folio único personal”, con el fin de que “no se vea menoscabada” la prestación del servicio.

Además de que sostienen que el modelo de Registro civil que se establezca debe mantener este servicio “en condiciones de proximidad y accesoriedad”, por lo que se debe “garantiza dicha asistencia” a través de ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de Registro Civil.

Por todo ello, el PRC, en su propuesta de resolución, pide el mantenimiento del carácter público y gratuito del Registro Civil, gestionado en el entorno de la Administración de Justicia; y el establecimiento de un nuevo sistema informático y permitiendo a los ciudadanos la opción del uso de medios telemáticos o presenciales.

Además, plantean el cumplimiento de los principios de proximidad y subsidiaridad en la prestación del servicio, en especial en los núcleos rurales y la realización de un estudio previo de los gastos materiales y personales que supondrá la garantía del mantenimiento del servicio en el futuro.

El PRC llevará esta iniciativa a los ayuntamientos mediante la presentación de mociones.