El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha advertido hoy que no dará su respaldo a nueva prórroga del estado de alarma si el Gobierno de España adopta cualquier “medida donde Cantabria quede discriminada o perjudicada”. 

En estos términos se ha pronunciado José María Mazón durante el debate celebrado hoy en el Congreso de los Diputados para la convalidación de los Reales Decretos-leyes de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo y de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia, que el regionalista ha respaldado. 

El diputado nacional del PRC ha apuntado que “la voluntad” de los regionalistas es apoyar al Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta que termine el plan de desescalada, pero ha advertido: “siempre que no haga nada extraño o tome una medida donde Cantabria quede discriminada o perjudicada”. 

Y ha instado al Gobierno central a que “no aproveche” esta coyuntura para “implementar medidas de su programa que no tengan un amplio respaldo parlamentario”, ya que, en su opinión, “no tendrían recorrido fuera de este periodo”. 

De hecho, José María Mazón ha reclamado que el reparto del Fondo extraordinario habilitado por el Gobierno de España, dotado con 16.000 millones de euros, se reparta acorde al coste efectivo de los servicios y que “se paguen las deudas pendientes con Cantabria”, como los 42 millones de euros del IVA impagado en diciembre de 2017 y los 22 millones de euros correspondientes a la financiación de Valdecilla, pendientes del ejercicio de 2016 y reconocidos por sentencia de la Audiencia Nacional. 

En este sentido, ha hecho hincapié en el esfuerzo económico que han realizado las Comunidades Autónomas para afrontar la pandemia del COVID-19 y la crisis económica derivada de la misma. “Este esfuerzo económico necesita de una financiación extraordinaria”, ha apostillado. 

Por ello, ha insistido en que el reparto del Fondo extraordinario debe realizarse en función del coste efectivo de los servicios. “Debe primar por encima de cualquier otro criterio, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos”, ha remachado. 

Por último, ha puesto en valor que, en el Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia, se hayan incluido las propuestas y sugerencias de las Comunidades Autónomas, especialmente, “las de Cantabria”, así como el papel que juega la justicia en una situación como la que estamos viviendo. “Es una institución clave. Tendrá que dirimir innumerables conflictos entre personas, empresas o Administraciones, dentro de un ambiente verdaderamente dramático”, ha sostenido.