El Grupo municipal regionalista ha solicitado hoy al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que siga el “modelo Aqualia” y en las próxima factura de agua y basuras se incluya una carta explicativa de la “impresionante” subida de tasas “impulsada por el Gobierno de Cantabria y favorecida por la nula capacidad negociadora del Ayuntamiento de Santander”.

El portavoz del Grupo regionalista, José María Fuentes-Pila, considera “inasumible por muchas familias el incremento brutal” del canon de saneamiento y la tasa de recogida de basuras, que se habrá encarecido en 2013 un 69 por ciento respecto a enero de este año,  al tiempo que ha “lamentado profundamente” que De la Serna haya sido “tan rápido y diligente para decidir que repercutirá íntegra la subida a los ciudadanos y, sin embargo, no tenga tiempo para defender los intereses de los santanderinos”.

Ante esta situación, y a la vista que De la Serna “parece no tener previsto alzar la voz ante este nuevo ataque a los vecinos”, le ha pedido que “al menos” siga el que ha llamado “modelo Aqualia”, en alusión a la carta que se adjuntó en febrero de 2010 con la factura de la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas en la que se atribuía la subida de tarifas al canon de saneamiento efectuada por el Gobierno regional, entonces del signo PRC-PSOE. “Esperamos que ahora haga lo mismo”, ha afirmado el portavoz.

Para Fuentes-Pila, De la Serna se haya en una situación “complicada” en el que, “ante la imposibilidad de justificar lo que está haciendo el Ejecutivo cántabro con Santander, opta por callar”. “La ciudad fue tratada con respeto y compromiso en la anterior legislatura, pero alzó la voz duramente porque favorecía su guión político”, considera Fuentes-Pila, para quien ahora “ante un ataque tras otro, opta por viajar a foros más propicios”. “De la Serna es víctima de su propia herencia, de la herencia recibida y cosechada por él mismo”, ha enfatizado.

En este sentido, ha recordado que aún no ha valorado el anteproyecto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, más de una semana después de aprobado, y en el que se dispensa a Santander “el peor trato en décadas”.