El PRC lamenta la tardanza en velar por la salubridad y seguridad de las fincas particulares

Los regionalistas dicen que difí­cilmente se puede exigir a los particulares cuando no se da ejemplo con las instalaciones públicas

4 Febrero 2012
  • foto

    Estado de finca municipal en la Calle El Sol

Desde el PRC lamentamos que el actual equipo de gobierno del PSOE, algunos repitiendo en responsabilidades, como el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, hayan tardado casi dos legislaturas en dar solución a las reivindicaciones de vecinos y grupos de la oposición en relación a fincas particulares en pésimos estados de insalubridad y  abandono que, con el paso del tiempo, en algunos casos más de seis años, se han ido acentuando.

De la misma manera, valoramos el trabajo realizado por los técnicos municipales y Policía Local en el estudio de las fincas afectadas y en la apertura de los expedientes correspondientes, siendo por la diligencia de los mismos, ante las denuncias de vecinos y grupos políticos, por lo que, entendemos, el propio equipo de gobierno se ha visto obligado a actuar. Recordamos que desde el PRC llevamos años trasladando al equipo de gobierno nuestras denuncias y las de los vecinos afectados.

Así mismo, haremos un seguimiento exhaustivo de cada expediente ya que, según anuncia el alcalde en un comunicado de prensa, transcurrido un mes sin que los propietarios actúen, el ayuntamiento actuará de oficio pasándoles los costes a los mismos, tal y como marca la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria y el Reglamento de Disciplina Urbanística.

Por último, entendemos que la labor de vigilancia y control relativa a la limpieza y salubridad, debe formar parte del "día a día" de un gobernante local y no esperar años para actuar aunque, difícilmente se puede exigir a los particulares lo que como Gobierno Local no se hace. En este sentido, desde el PRC son constantes las denuncias de abandono y suciedad de instalaciones y espacios públicos municipales, siendo este un mal ejemplo de gestión pública, para luego exigir responsabilidades a terceros.