El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria a gestionar con el Estado mejoras en el sistema de protección social de abogados y procuradores, con el fin de garantizar que estos profesionales puedan acceder a la pensión mínima en el momento de su jubilación y tengan garantizados otros derechos como la cobertura en caso de incapacidad laboral temporal o la pensión de viudedad.

La diputada Paula Fernández es la promotora de esta iniciativa, con la que pretende dar respuesta a la situación de “precariedad” que sufren los profesionales que accedieron a la protección social a través de la Mutualidad de la Abogacía, una entidad sin ánimo de lucro creada por los Colegios de la Abogacía en 1948 de afiliación obligatoria hasta 1995, cuando pasó a ser un sistema opcional al público del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Cambios normativos posteriores han provocado que los profesionales acogidos a la Mutualidad alternativa al RETA perciban sus pensiones de jubilación en función de sus aportaciones individuales, en lugar de a través del sistema de capitalización colectiva basado en la solidaridad intergeneracional. Como consecuencia, muchos de ellos perciben en el momento de la jubilación pensiones “muy inferiores” a la mínima, con las que “no se les permite vivir con dignidad”.

Fernández ha explicado que los profesionales que optan por pasar de la Mutualidad al RETA no pueden rescatar sus aportaciones, ni siquiera para destinarlas al sistema público, que tampoco les reconoce el tiempo cotizado a efectos de la prestación de jubilación. Por lo tanto, los mutualistas “se enfrentan a unas cotizaciones cautivas, que no pueden ser recuperadas hasta la fecha de jubilación y que tributan como un mero plan de pensiones, cuando en realidad de trata de un sistema de previsión básico”.

Además, el abandono de la Mutualidad para optar por el RETA implica el comienzo desde cero en la cotización de este régimen, “sin tiempo en muchos casos para generar el derecho a prestación por jubilación, lo cual impide el retiro en la edad ordinaria y obliga a prolongar la actividad profesional más allá de lo razonable y deseable”.

Para la parlamentaria regionalista esta cobertura social de los trabajadores de la abogacía resulta “insostenible, injusta y precaria”, hasta el punto de que quienes están cogidos a ese régimen “no general derecho a prestación por viudez, orfandad, incapacidad permanente total o incapacidad transitoria por salud mental, ya que ésta no puede ser superior a dos meses en toda su vida laboral”.

Fernández agrega que la situación de estos profesionales se ha visto agravada con la concatenación de huelgas del personal al servicio de la Administración de Justicia, las cuales “están poniendo en serio peligro a un servicio público esencial para la convivencia de todos, por lo que resulta más necesario que nunca tomar medidas justas y que ayuden a un colectivo que pasa por su peor momento”.

Espera por ello que el Gobierno cántabro inste a la Administración del Estado a realizar las actuaciones y modificaciones necesarias para mejorar la situación de este colectivo, permitiendo que pueda trasladar las cantidades cotizadas en la Mutualidad al RETA, en aras a computarlas en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, incluidas las jubilaciones, “previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los periodos cotizados a los efectos de antigüedad”.

Asimismo, propone la equiparación fiscal de las aportaciones a la Mutualidad con las del sistema alternativo RETA, mediante un plan de pensiones o ahorro complementario, además de la mejora de las condiciones de jubilación parcial de estos profesionales.