El Partido Regionalista de Cantabria ha respaldado en el Congreso de los Diputados que las mujeres puedan ejercer “libremente” y “sin presiones o coacciones” su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El diputado nacional, José María Mazón, apoyó ayer la proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo. 

El PRC ha defendido la necesidad de ser “garantista” para que las personas puedan ejercer libremente sus derechos, amparados por las leyes. 

Por ello, considera que no se debe confundir la libertad de expresión o de manifestación y reunión con el acoso, la coacción o la presión a personas que, por diversos motivos, deciden hacer uso de un derecho legal consolidado y respaldado por las Cortes Generales. 

Igualmente, ha rechazado que esas presiones se ejerzan no solo contra las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, sino también contra los trabajadores y trabajadoras de los centros médicos donde se realiza esta práctica sanitaria. 

El PRC defiende que una sociedad moderna y desarrollada, como la cántabra y la española, que se ha dotado de unas normas de convivencia claras y concisas, no puede tolerar que se lleven a cabo actuaciones como las vividas en muchos centros sanitarios en los que unos pretenden impedir el ejercicio de un derecho.