El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, han suscrito este viernes un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2024, tras la incorporación al proyecto de ley del Gobierno de las reivindicaciones regionalistas, encaminadas fundamentalmente a fortalecer las inversiones en los servicios públicos esenciales, crear un fondo anti-inflación para apoyar a familias y empresas, reorientar la reforma fiscal a favor de las clases medias, habilitar ayudas para las personas cuidadoras de dependientes de grado 1, 2 y 3 y garantizar las inversiones en los municipios, con especial atención a aquellos que se encuentran en riesgo de despoblamiento.

“Es un presupuesto continuista, en la medida que no se para ninguna obra, para nosotros muy importante; con gran contenido social, donde priman las políticas que favorecen la educación y la sanidad, y es un presupuesto municipalista, los presupuestos se ven muy beneficiados con la gran cantidad de obras que se van a poner en marcha”. Así ha descrito Revilla la aportación de su partido al proyecto presupuestario, que con el apoyo regionalista tiene asegurada su aprobación para entrar en vigor el 1 de enero de 2024.

En este sentido y además de reivindicar la importancia del presupuesto para el avance de las políticas públicas y la buena marcha de la Comunidad Autónoma, ha calificado la postura del PRC como “un nuevo ejercicio de responsabilidad y compromiso social y político”, en la misma línea que ya actuó al apoyar la investidura de Sáenz de Buruaga y propiciar un Gobierno del PP en minoría.

En líneas generales, la aportación del PRC se traduce en las partidas necesarias para que Cantabria “siga la senda de crecimiento de la última década” y lo haga “continuando los proyectos transformadores que puso en marcha el anterior Gobierno, fortaleciendo los servicios públicos esenciales, equilibrando las inversiones a favor del conjunto de los municipios, con especial atención a los que más lo necesitan, y apoyando a las familias y a las empresas para hacer frente a la crisis provocada por la inflación”.

Con este objetivo, el acuerdo garantiza el aumento de todas las partidas destinadas a los servicios públicos para “mantener el nivel de calidad, inversión y atención a la ciudadanía en áreas tan sensibles como la educación, la sanidad y los servicios sociales, pero también la ciencia, el empleo, la universidad o el papel impulsor del sector público”.

Además, introduce un nuevo enfoque a la reforma fiscal diseñada por el Ejecutivo, con una rebaja de al menos un 0,5% en el tipo de IRPF que tributan los tramos de renta entre 21.000 y 35.000 y entre 35.000 y 60.000 euros, a costa de la reducción prevista para quienes ingresan más de 90.000 euros anuales, que pasan a ser los que menos rebaja tendrán. Los tipos autonómicos en cada uno de estos tramos pasarán a ser del 14,5, el 18 y el 22,5%, respectivamente.

También en materia fiscal y a propuesta del PRC, el presupuesto incorporará una disposición transitoria para que la supresión del Impuesto de Patrimonio no sea aplicable a las rentas de más de 3 millones de euros mientras exista el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas, con el fin de garantizar que la tributación se queda en Cantabria, en lugar de ir a las arcas del Estado.

Los regionalistas han promovido igualmente un fondo extraordinario anti-inflación, dotado con “al menos” 3 millones de euros, para articular ayudas directas dirigidas a las familias, los colectivos profesionales y las empresas afectadas por el aumento de los precios, ante la posible desaparición de las ayudas estatales que hasta ahora han amortiguado el impacto de la escalada del IPC.

Del mismo modo, han incorporado una partida presupuestaria específica, con una dotación inicial de 100.000 euros y crédito ampliable, para brindar apoyo directo a las personas cuidadoras de dependientes, profesionales o familiares, para hacer frente a los costes económicos reales que suponen tales cuidados.

Por otro lado y tras la confusión suscitada en torno a la posible extensión al Bachillerado de los conciertos con la educación privada, el acuerdo suscrito hoy recoge un reconocimiento expreso al “papel prioritario de la enseñanza pública” y “el carácter complementario” de la concertada y establece que cualquier actuación nueva o partida vinculada a la educación concertada requerirá el acuerdo previo y negociado de todas las partes implicadas (Junta de Personal Docente, FAPA, centros educativos…).

El cumplimiento de los acuerdos del pacto de investidura es otro de los ejes del pacto, con el que queda salvaguardada la consignación presupuestaria para la ejecución del MUPAC, el centro logístico de La Pasiega, la unidad de protonterapia de Valdecilla y la finalización y dotación completa del Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, además del incremento del Fondo de Cooperación Municipal (IPC + 1 punto) y las partidas para las entidades locales menores (IPC).

Por lo que respecta a los municipios, el PRC ha negociado la continuidad durante el periodo 2024-2026 del Plan de Inversiones Municipales con la habitual aportación del 80% del coste por parte del Gobierno a las obras municipales, que se aumenta hasta el 95% en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, de modo que los ayuntamientos solo tengan que sufragar el 5% restante. Y además, incluye el compromiso de mantener e impulsar los proyectos comprometidos en todos los municipios, sea cual sea su signo político.

Finalmente y en materia legislativa, el acuerdo implica que la derogación o modificación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que el PP ha apoyado en el Parlamento se lleve a cabo conforme a los criterios de una ley ordinaria, en lugar de introducirse en la Ley de Medidas, dada su “entidad y trascendencia social”. En cuando a la Ley del Suelo y dada la urgencia de proceder a su modificación por el riesgo de inconstitucionalidad de la hoy vigente, acepta su tramitación a través de la Ley de Medidas, pero requiere su presentación y explicación de manera diferenciada, mediante reuniones con la Federación de Municipios y una comparecencia monográfica en el Parlamento.

En base a todos estos compromisos, el PRC no presentará, ni apoyará ninguna enmienda a la totalidad, ni a los presupuestos, ni a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Los dos partidos podrán presentar enmiendas parciales siempre que no afecten al contenido pactado, ni alteren los principios del acuerdo suscrito este viernes.