El PRC afirma que el PP le da la razón al modificar la Ley de Costas para salvar la depuradora de Vuelta Ostrera

Los regionalistas presentaron en febrero mociones en los ayuntamientos del Besaya para urgir esta solución

24 Marzo 2013

El PRC ha valorado hoy la decisión del PP de presentar una enmienda a la reforma de la Ley de Costas para evitar la demolición de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, una solución que ya fue propuesta en febrero por sus concejales en los ayuntamientos de la comarca del Besaya beneficiarios de esta instalación.

“Es un alivio que el PP haya aceptado finalmente seguir la senda marcada por los regionalistas, para evitar el despilfarro y el despropósito que supondría la demolición”, ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal Regionalista de Suances, Guillermo Blanco.

Al igual que sus compañeros de Torrelavega, Polanco y Miengo, Blanco presentó el pasado mes de febrero una moción en el Ayuntamiento para urgir al Gobierno de Ignacio Diego a cumplir su promesa electoral y evitar el derribo de Vuelta Ostrera, para lo cual propuso la modificación de la Ley de Costas y realizó un llamamiento al senador cántabro Gonzalo Piñeiro, como “perfecto conocedor” de la situación al vivir enfrente de la EDAR, para que llevara adelante esta acción.

“Teníamos razón y ahora se demuestra”, ha recalcado el portavoz suancino, para quien esta solución no sólo es “de sentido común”, sino también el mejor camino para evitar “el absurdo y la aberración” que supondría derribar una instalación que costó 24 millones de euros y ha solucionado “un grave problema” económico y medioambiental de la comarca del Besaya.

En este sentido, también ha hecho hincapié en el “despilfarro” que conlleva en el actual momento de crisis ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la demolición, cuyo coste económico está cifrado en más de 50 millones de euros.

Aunque la modificación de la Ley de Costas no exime del cumplimiento de la sentencia, sino que únicamente retrasa su ejecución hasta que el Gobierno de Cantabria se encuentre en condiciones económicas para llevarla a cabo, Blanco ha asegurado que supone “un respiro” para la comarca y espera que sea posible una solución definitiva “que evite que dinero público sea malgastado”.