El PRC advierte que la gestin urbanstica de los ltimos aos con "Casa Doa Serafina", "La Charca" y "Villa Luz" nos puede llevar a la quiebra econmica del Ayuntamiento

Si el Tribunal Supremo ratifica la inminente sentencia sobre la finca "Villa Luz" habra que abonar otros 4 millones de euros que saldran de las arcas municipales o, en el peor de los casos, del patrimonio municipal

13 Noviembre 2010
  • foto

    Antonio P?rez consultando al interventor municipal antes de un pleno

Desde el PRC advertimos que la inminente sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la finca "Villa Luz" podría ratificar la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de 13 de abril de 2008 que fijaba el precio de la misma en 5,4 millones de euros, estando en la actualidad, pendiente del TS, al haber recurrido tanto el ayuntamiento como los propietarios, quienes demandan una cantidad cercana a los 11 millones de euros. Este caso es la consecuencia de una nefasta gestión urbanística que infravaloró la finca "Villa Luz" en el Estudio Económico y Financiero del PGOU del año 1999 y donde los propietarios iniciaron un largo proceso de defensa de sus intereses, próximo a finalizar. En este tiempo se podía haber incluido la Finca "Villa Luz" en la UE 28R, negociando la cesión de la Casa y la Finca al Ayuntamiento, o no haber despreciado un acuerdo entre las partes, que el actual alcalde, José Angel Hierro, ha rehuido en los 11 años que lleva de regidor, cerrando la vía de la negociación en momentos donde los propietarios ofertaban la finca en 1,5 millones de euros, un precio razonable, lejos de los 250.000 euros que ofrecía el Ayuntamiento y los 5,5 millones de euros que, si se ratifica la sentencia, habrá que pagar a sus propietarios, descontando el pago efectuado ya, como primer justiprecio, de 1,5 millones de euros abonados en el 2008, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 9 de mayo de 2007. A esto habría que sumar los 125.000 euros por intereses de demora, tras providencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de Santander, de 26 de noviembre de 2007, ante la falta de diligencia del Ayuntamiento de Colindres en el cumplimiento de la sentencia de TSJC de 9 de mayo de 2007

Pero, lamentablemente, este no es el único caso de una "alocada" gestión urbanística que aparentemente colma de beneficios al Municipio por medio de Convenios. Tal es el caso de la adquisición de la Finca de Doña Serafina por un convenio condicionado a los derechos urbanísticos de los propietarios sobre una finca en Colindres el de Arriba, de acuerdo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Colindres, cuya tramitación está parada,  y que, en los últimos cuatro años de legislatura, no se ha hecho nada al respecto y por lo tanto no se han puesto esos terrenos a disposición de los propietarios en los términos acordados.

Otro de los convenios que, según los regionalistas, podría traer consecuencias negativas para las arcas municipales es el relativo a la Finca de "La Charca". En este caso se les concede a los propietarios 1500 unidades de aprovechamiento en el entorno de la Alameda y Crucero que, si el Ayuntamiento no es capaz de gestionar esas unidades en un periodo de 6 años, deberá monetarizarlo y, por lo tanto, pagar a los propietarios sobre el valor del mercado de las mismas. El beneficio aparente del Ayuntamiento sería que en lugar de 91 viviendas en la Finca de "La Charca" se están construyendo 52.