El Grupo Parlamentario Regionalista pedirá al Gobierno de Cantabria, en el pleno del próximo lunes, que intervenga para acabar con las irregularidades en la lectura y facturación del consumo de luz denunciadas por cientos de usuarios en la Comunidad Autónoma, a quienes las compañías eléctricas están exigiendo el pago de facturas atrasadas y acumuladas hasta más de dos años, por importes que en algunos casos superan los 4.000 euros.

El diputado Rafael Pérez Tezanos será el encargado de defender esta iniciativa, que ha presentado hoy en rueda de prensa y con la que responde a las quejas de los consumidores que se sienten víctimas de “un abuso” por parte de las empresas distribuidoras de electricidad.

“Estamos ante un comportamiento comercial que incide de forma muy negativa en los ciudadanos”, ha denunciado.

El parlamentario ha advertido de un posible incumplimiento de la ley sobre suministros de energía eléctrica, la cual establece textualmente que la facturación debe ser mensual y “siempre real, no estimada”, con toma de medidas cada dos meses.

A pesar de ello, las denuncias remitidas al PRC constatan que las compañías han dejado de facturar a muchos usuarios durante un periodo “bastante amplio”, entre el 1 de noviembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, para ahora exigir el pago conjunto de esos 26 meses de consumo, lo cual está provocando “un susto importante”.

Además, esas facturas gravan con el 21 por ciento de IVA consumos anteriores a la subida de este impuesto el pasado mes de septiembre, lo cual supone “un encarecimiento importante del recibo”, avalado por la ley, ya que el tipo a aplicar es el vigente en el momento de la facturación. Sin embargo, para Pérez Tezanos, “gravar al ciudadano con un tipo superior de IVA por los estrictos intereses comerciales de la compañía no nos parece de recibo”.

Del mismo modo, ha explicado que las eléctricas incluyen en los recibos el alquiler de los nuevos contadores instalados con posterioridad a las fechas que se facturan y aplican consumos estimados que los consumidores no pueden verificar, precisamente porque ese cambio de contadores impide acceder a la lectura real.

Amenazas y evasivas

Pérez Tezanos ha cuestionado también la negativa de las empresas a prorratear los pagos, con la “amenaza velada” de un corte de suministro, así como las dificultades que sufren los usuarios a la hora de reclamar, ya que tienen que pasar por “el calvario” del teléfono de atención al cliente, cuyo servicio se caracteriza por “largas esperas de efecto disuasorio” y evasivas “de departamento en departamento”, para que al final “nadie les dé otra solución que pagar primero y reclamar después”.

Muchas de las denuncias contra estas prácticas se han remitido ya a la Consejería de Industria, que a su vez las ha desviado a los servicios de Consumo, pero aún están pendientes de resolución, por lo que el PRC ha decidido plantear el asunto en el Pleno del Parlamento, porque “el tiempo apremia” a los afectados.

La propuesta de resolución que se debatirá el lunes insta al Gobierno a utilizar “todos los medios existentes, especialmente en Industria y Consumo”, para aclarar la situación de las denuncias e iniciar los expedientes sancionadores que correspondan, además de adoptar las medidas oportunas para evitar que esta situación perdure.