La diputada regionalista, Mónica Quevedo, presidirá la Comisión no permanente de Despoblamiento y el diputado Francisco Ortiz será el vicepresidente de la Comisión no permanente de Discapacidad. Ambas comisiones han quedado constituidas esta mañana en el Parlamento de Cantabria. 

El Grupo Parlamentario Regionalista solicitó la constitución de ambas comisiones el pasado año, ya que, en su opinión, los dos asuntos requieren del trabajo conjunto y del consenso de los grupos de la Cámara cántabra. 

De hecho, en esos términos han sido las primeras palabras de Mónica Quevedo como presidenta de la Comisión no permanente sobre Despoblamiento. “Debemos trabajar juntos para alcanzar estrategias que acaben con este problema en los pueblos de Cantabria”, ha declarado. 

Además de Quevedo, los representantes del PRC en la Comisión no permanente sobre Despoblamiento serán los diputados y alcaldes de Reocín y Reinosa, Pablo Diestro y José Miguel Barrio, respectivamente, y la diputada Ana Obregón, que ejercerá de portavoz. 

Los representantes regionalistas en esta comisión están vinculados a comarcas o municipios que viven “el día a día” de la despoblación. 

Por ello, los regionalistas se marcan como objetivo de esta comisión “la identificación concreta de los factores que generan la pérdida de población en Cantabria” y “el estudio sobre las posibles políticas o el posible desarrollo normativo que prevenga y palíe el efecto del despoblamiento, apostando por el crecimiento sostenible de todas las zonas interiores” de la Comunidad Autónoma. 

En cuanto a la Comisión no permanente sobre Discapacidad, los diputados regionalistas que formarán parte de la misma serán: Francisco Ortiz, Emilia Aguirre, Ana Obregón y María Ángeles Matanzas. Ortiz ha sido elegido vicepresidente y Matanzas será la portavoz del PRC en esta comisión. 

Con la constitución de esta comisión, el PRC pretende continuar el trabajo desarrollado en la pasada legislatura en la que se aprobó la Ley en materia de derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de desarrollar la normativa para contribuir al despliegue efectivo de los derechos, obligaciones y objetivos en ella recogidos.