El diputado nacional del PRC, José María Mazón, defenderá el próximo miércoles en el Congreso una iniciativa con la que busca el respaldo de los diferentes grupos parlamentarios para urgir al Gobierno a cubrir las plazas de secretarios, interventores y tesoreros que en estos momentos se encuentran vacantes en entidades locales de toda España, una carencia que “ralentiza cuando no paraliza” las tareas administrativas y redunda “en detrimento de los ciudadanos y su derecho a recibir una respuesta ágil y eficaz de las administraciones”.

Mazón planteará una proposición no de ley en la Comisión de Hacienda y Función Pública, en la que, además de la cobertura de las plazas vacantes de habilitados nacionales, también pide la eliminación de las restricciones introducidas en 2018 que limitan las acumulaciones de plazas por parte de los profesionales trabajan de forma interina, al considerar que esos límites “han empeorado la situación y perjudican especialmente a los municipios más pequeños”.

El diputado regionalista espera que la iniciativa sea aprobada por el resto de los grupos, dado que el objetivo es evitar “el atasco y la parálisis” que sufren muchos ayuntamientos en su actividad diaria, “y que repercute muy negativamente en los vecinos, que al final son paganos de la falta de eficacia administrativa provocada por la ausencia de personal”.

A su juicio, el Gobierno debe “asumir su responsabilidad con las entidades locales” y convocar las plazas de habilitados necesarias para asumir las funciones de interventores, secretarios y tesoreros vacantes, dado que están reservadas a funcionarios nacionales.

Mazón ha detallado que en Cantabria hay en este momento más de una treintena de plazas sin cubrir, lo que obliga a muchos ayuntamientos a dejar esas funciones en manos de otros funcionarios y auxiliares, lo cual conlleva muchas veces “falta de seguridad jurídica” en la actividad municipal.

Considera por ello que el Gobierno debe recoger todas esas plazas libres en las sucesivas ofertas de empleo público y desarrollar los procesos selectivos “con absoluta celeridad”, para lo cual “sólo es necesario que exista voluntad política”. “Estas convocatorias no suponen un aumento del gasto público, dado que las plazas ya están dotadas presupuestariamente al estar cubiertas en muchos casos por interinos o trabajadores accidentales”, ha concluido.