Marcano recurrirá el archivo de la querella contra Diego al considerar que la exposición de un cargo público a las críticas “también tiene sus límites”

El diputado del PRC anuncia que agotará las instancias judiciales en defensa de su honor

Noticias PRC 23 Mayo 2013

El vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria y diputado del PRC, Javier López Marcano, recurrirá el archivo de la querella por injurias y calumnias con publicidad presentada contra el presidente regional, Ignacio Diego, al no compartir los argumentos que han llevado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) a desestimarla.

Después de valorar el auto conocido hoy con sus abogados, López Marcano no comparte la decisión del TSJC y ha asegurado que la exposición de los cargos públicos a las críticas “también tiene sus límites”, aunque “obviamente” sea mayor que la de una persona privada.

“Creo que el presidente ha rebasado ampliamente esos límites con sus descalificaciones hacia mi persona y estoy dispuesto a agotar todas las instancias judiciales a mi alcance en defensa de mi honor”, ha anunciado.

En este sentido, ha reafirmado su opinión de que Diego “tergiversó malintencionadamente la verdad” para desprestigiarle cuando valoró, a preguntas de los medios de comunicación, las diligencias judiciales archivadas que el PP dio a conocer en la Comisión de Investigación de Cantur, en las que un testigo que posteriormente se desdice le mencionaba en relación con una supuesta trama de cobro de comisiones vinculada a la adjudicación de una obra en el Campus Comillas.

A su juicio, el jefe del Ejecutivo “presentó como realidad lo que no fueron más que meras conjeturas, tal como las calificó la propia juez de instrucción”, con lo que le imputó un delito de cohecho, además de pronunciar numerosas frases y expresiones en su descrédito personal.

En consecuencia, López Marcano se siente objeto de “un atentado clarísimo contra el honor”, máxime cuanto “el tono y las palabras” del presidente “no dejaron lugar a dudas sobre su intención de ofender y desacreditar a un adversario político, imputándole conductas delictivas a sabiendas de su falsedad sin más objetivo que dañar su consideración y reputación social”.