El diputado del PRC y ex consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano, ha asegurado que la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso de Cantur contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que le absolvió de las acusaciones del Gobierno por supuestas irregularidades en la construcción de la Casa de los Gorilas de Cabárceno “debe poner fin al despilfarro de dinero público en una persecución judicial absurda y sin más motivo que el odio furibundo del presidente regional, Ignacio Diego, al Partido Regionalista”.

López Marcano ha expresado por ello una “doble satisfacción”, ya que la resolución de la Fiscalía no solo cierra “un capítulo terrible de acoso judicial” contra su persona, sino que también “puede contribuir a acabar con el uso espurio del dinero de todos los cántabros, al servicio de los intereses personales y políticos de Ignacio Diego”.

“Hoy no sólo me siento tranquilo, sereno, equilibrado y confiado, como lo he estado a lo largo de todo este largo proceso, sino que además estoy feliz, porque termina definitivamente una caza de brujas con la que el Partido Popular y el presidente de Cantabria han escrito uno de los capítulos más negros de nuestra historia política reciente”, ha declarado.

A su juicio y una vez rechazado el recurso del Gobierno, “ha llegado el momento de exigir explicaciones” a Diego y al PP, quienes “deben responder ante los cántabros del odio furibundo, visceral y primitivo que les ha impulsado a promover una comisión de investigación parlamentaria, primero, y un proceso judicial, después, en los que han gastado no menos de 300.000 euros con cargo a los fondos públicos de la Comunidad Autónoma”.

López Marcano ha condenado la “falta absoluta de principios y escrúpulos” que ha demostrado el presidente al emplear ese dinero “para satisfacer su soberbia”, en lugar de destinarlo a “las necesidades económicas y sociales de los ciudadanos, que no han cesado de crecer desde que el Partido Popular llegó al Gobierno”.

“Con dinero público acusa cualquiera”, ha enfatizado el diputado regionalista, quien se ha declarado “convencido” de que si Diego hubiera tenido que afrontar este procedimiento con cargo a su propio bolsillo “jamás se habría producido esta persecución implacable”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno llegó incluso a contratar a dos técnicos con el único objetivo de preparar la documentación en la que sustentó las acusaciones realizadas en su contra en la comisión de investigación y que luego fueron la base del juicio celebrado en el TSJC.

Finalmente, el parlamentario regionalista ha señalado que la decisión de la Fiscalía del Supremo supone “el triunfo de la justicia y la normalidad en la vida política”, sobre todo –ha concluido- “para quienes no nos movemos por el odio como el presidente Diego”.