Los alcaldes y los portavoces del PRC en los 102 municipios de Cantabria han valorado el Plan de Infraestructuras planteado por el presidente regional, Ignacio Diego, como “una maniobra de imagen para aparentar que hace algo cuando en realidad no hace nada” y evidencia que el compromiso del Gobierno del PP con los ayuntamientos es “cero”.

En una reunión celebrada esta tarde y presidida por el secretario general, Miguel Ángel Revilla, los regionalistas han coincidido en que este proyecto confirma que la colaboración del Ejecutivo actual con los municipios a la hora de apoyar inversiones “se va a reducir a 0 euros”.

“La afirmación que se esconde tras esta maniobra es que no van a invertir ni un solo euro en toda la legislatura, lo cual es casi una provocación”, han subrayado al analizar la orden publicada para convocar subvenciones que sólo se pagarán a partir de 2016, cuando ya se habrán celebrado unas nuevas elecciones autonómicas, en 2015, y habrá un nuevo Gobierno al frente de la Comunidad Autónoma.

Aunque desde el punto de vista jurídico esa orden resulta “formalmente correcta”, porque ni las disposiciones que cita, ni la normativa vigente prohíben una convocatoria de estas características, el PRC presentará alegaciones porque encuentra muchas objeciones desde la óptica del “sentido común”, pone en duda que cumpla los criterios impuestos por el decreto de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y encuentra varias limitaciones, entre ellas la exclusión de las asistencias técnicas, la redacción de los proyectos y memorias y la dirección facultativa de las obras de los gastos subvencionables, ya que supone incrementar la aportación de los ayuntamientos en un 10 por ciento.

La orden tampoco incluye la posibilidad de que los ayuntamientos tengan que acudir al crédito para poder llevar a cabo las obras, ni los posibles gastos por modificados y complementarias. En consecuencia, la aportación real del Gobierno a los proyectos que se ejecuten será inferior al 60 por ciento del coste real, y no el 80 por ciento prometido por el presidente.

Los regionalistas también rechazan que se fije una cuantía mínima por proyecto de 50.000 euros, un límite que a su juicio no tiene sentido en los municipios pequeños, donde son necesarias obras que en muchos casos no superan los 20.000 euros.

Tampoco creen razonable que no se admita la subcontratación de trabajos permitida por la Ley de Subvenciones, cuando es una oportunidad para que los ayuntamientos utilicen recursos propios, por ejemplo en materia de personal, para una mayor rentabilidad económica y social de la inversión a realidad.

Del mismo modo, opinan que la participación de los ayuntamientos en la Comisión de Evaluación prevista para el seguimiento de las obras resulta insuficiente, cuando “van a abonar el 20% de las actuaciones y a financiar el total”, y consideran “muy curiosa” la previsión sobre la señalización de las obras, ya que el Gobierno exige aparecer en los rótulos como titular “sin poner nada en la financiación”.

Por lo que respecta al cumplimiento de las normas sobre déficit público, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y dado que los ayuntamientos deben anticipar el 100 por 100 de la inversión, el PRC asegura que el plan sólo será efectivo si se reforma la Ley de Estabilidad, como se ha anunciado, para permitir a los municipios con superávit de tesorería destinarlo a inversiones. “Esto permitiría a los ayuntamientos que han gestionado mejor sus recursos utilizar sus remanentes”, ha explicado.

No obstante, en el actual marco presupuestario y dada la reducción de fondos del Estado y de la Comunidad Autónoma que sufren los ayuntamientos, afirma que será “realmente complicado” acudir al mecanismo de financiación que exige la orden de subvenciones y aún cuando sea posible acudir al mercado financiero bancario “surgirá el problema de las garantías de la operación, puesto que el plazo de devolución, con el aval de la subvención recibida, se demora hasta un periodo que va desde el año 2016 al 2019”. “Va a ser muy difícil que las entidades financieras lo consideren razonable”, ha precisado.

Por todo ello, los representantes regionalistas en los ayuntamientos han instado a Diego a aclarar “cómo van a encontrar crédito para financiar las obras” y especificar si existe un acuerdo con el ICAF para facilitar las operaciones, si los bancos van a abrir una línea específica o si el Gobierno será avalista de las operaciones.

Finalmente, han cuestionado qué ocurrirá si medidas como las derivadas del propio decreto de estabilidad presupuestaria obligan en el futuro a la Comunidad Autónoma a anular, por interés público, su compromiso de abonar estas subvenciones. En tal caso, han concluido, “los ayuntamientos que hayan financiado las obras se enfrentarían a problemas gravísimos”.