López Marcano denuncia el incumplimiento del plan de recolocación prometido por el Gobierno a los trabajadores de Papelera del Besaya

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para exigir una solución a la “dramática situación” de los trabajadores.

Noticias PRC 5 Junio 2012
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El diputado regional y secretario general del PRC de Torrelavega, Javier López Marcano, ha presentado hoy en la capital del Besaya la proposición no de ley sobre Papelera del Besaya que el Grupo Parlamentario Regionalista ha registrado en el Parlamento para su debate el próximo 18 de junio con el objetivo de dar respuesta a los  trabajadores de esta empresa que llevan un año esperando que se cumpla el Plan de Recolocación prometido por el Gobierno cuando decidió cerrar la empresa.

López Marcano ha calificado la situación que atraviesan los 90 trabajadores de la empresa torrelaveguense de “dramática” y ha exigido al Gobierno de Diego que “cumpla” con los compromisos adquiridos con dichos trabajadores en el momento de cerrar la empresa, en agosto de 2011. Así

El diputado regionalista ha explicado que la “realidad” es que, un año después del anuncio de dicho plan y de declaraciones triunfalistas en los medios de comunicación del presidente Diego y del consejero de Industria, Araste, dando por hecho la contratación de 40 trabajadores por Sonkyo y asegurando que otras empresas asumirían al resto de la plantilla, “sólo” 16 de los 90 empleados de Nueva Papelera han sido recolocados y los 5 que eligieron el plan de autoempleo “siguen esperando” la aprobación por el Gobierno del decreto que regule las ayudas prometidas, por importe de 20.000 euros por trabajador.

En opinión de los regionalistas, ha afirmado López Marcano, esta “dramática situación” es consecuencia directa de la decisión del Gobierno de Cantabria de cerrar Nueva Papelera del Besaya, en lugar de aportar “soluciones” que permitieran garantizar su viabilidad.

Así mismo, se ha referido a los costes que este fracaso del plan de recolocación está teniendo para las arcas de la Administración Regional: 16.000 euros mensuales para garantizar la seguridad del recinto y el salario del nuevo gestor de la empresa. Y a la falta de explicaciones y de expectativas de los representantes del Gobierno en la comisión de seguimiento que hacen dudar a los trabajadores de una solución a corto plazo.

Un Plan de Recolocación en tres meses

 

Ante esta situación y ante la necesidad de dar respuesta a unos trabajadores que llevan un año esperando una respuesta, López Marcano ha explicado que en la propuesta también se insta al Gobierno de Cantabria a presentar, en el plazo máximo de tres meses, un plan que garantice la recolocación de la plantilla que a día de hoy continúa en paro y se urge al Gobierno a aprobar los trámites necesarios para ejecutar el plan de autoempleo propuesto a la plantilla y proceder al pago inmediato de las ayudas prometidas a los 5 trabajadores que las han solicitado.

Respecto al apoyo a esta proposición por parte del PP, el diputado regionalista ha mostrado cierto optimismo y ha afirmado que “debiera proceder a su aprobación porque el empleo es un objetivo común de todos”.

Además se ha referido a la necesidad que tiene Torrelavega y la comarca del Besaya de “más iniciativas, de más compromisos y de más soluciones” por parte del Gobierno popular para que se pueda “nacer, vivir y respirar” en Torrelavega. A este respecto, ha recordado que la comarca continúa teniendo la tasa de paro más elevada de Cantabria con un 22,7% y eso exige, ha dicho, una “lectura comprometida” con la ciudad.

También ha anunciado que el Grupo Municipal Regionalista presentará iniciativas similares a nivel de Ayuntamiento.

Despido de bomberos

 

Por último, López Marcano ha mostrado, una vez más, la “preocupación” del PRC por la “destrucción del estado del bienestar” que se está produciendo con las medidas que está poniendo en marcha el PP y que está generando “malestar general”. En concreto se ha referido al despido de 13 bomberos, “somos la única CCAA que despide bomberos”, y a los 2,700 empleos que se van a perder en pilares básicos del estado del bienestar.