Los representantes del PSOE, PRC e IU en el Ayuntamiento de El Astillero han manifestado su satisfacción al conocer la sentencia que obliga al Consistorio a iniciar el expediente de responsabilidad patrimonial contra Ignacio Diego y Carlos Cortina por el fraude del IVA cometido en 2003. Dicha sentencia es la consecuencia de un proceso judicial instado por dichas formaciones políticas, recurriendo la decisión del equipo de gobierno del PP, de no incoar expediente de responsabilidad patrimonial, previamente solicitado, por el perjuicio que ambos, habían causado al Ayuntamiento de Astillero y ratificado, entre otras,  por sentencia del Tribunal Supremo y que en la actualidad asciende a más de 720.000 €.entre intereses, multa, costas y gastos judiciales.

Desde el momento en el que los concejales del PSOE, PRC e IU tuvieron conocimiento de estos hechos y del grave perjuicio económico que para las arcas municipales supuso la actuación de sendos alcaldes, solicitaron al pleno la apertura de un expediente donde se pudiera dirimir si, efectivamente, existía responsabilidad patrimonial de quienes tenían el poder de decisión.

Huelga decir, que el PP, menospreciando cualquier ejercicio de transparencia y haciendo uso de su mayoría absoluta, votó en contra de la apertura de dicho expediente. Pero hoy, una sentencia judicial avala, sin ninguna duda, las pretensiones de los concejales de la oposición cuando en sus fundamentos manifiesta que: " la solicitud parte de unos hechos indiscutibles, como son que el Ayuntamiento debe abonar más de 600.000 € por una liquidación de 230.000; que ello se debió a una falta de ingreso del IVA; que tal decisión fue antijurídica y así lo han declarado los Tribunales; que en tal decisión participaron las autoridades indicadas y que todos los Tribunales han declarado que la decisión de no ingresar el IVA carece de justificación; que no cabe sostener que se desconocía la obligación de pagar el impuesto, que no se acreditaba la diligencia debida del Ayuntamiento y que ha habido un fraude conscientemente realizado con el consiguiente perjuicio económico para el Ayuntamiento. Y estos datos sirven por ser objetivos y objetivables para incoar el expediente solicitado."

“Sólo nos resta esperar que el equipo de gobierno del PP cumpla con lo establecido en la sentencia y finalice con esa práctica empecinada de recurrir en los tribunales, lo que a la luz de la experiencia no es sino un intento interesado de retrasar lo evidente, porque después de 11 años pleiteando y cuatro sentencias condenatorias a sus espaldas lo único que el PP ha  conseguido es incrementar el perjuicio económico al Ayuntamiento”, puesto que “no hay que olvidar que el pago de costas y abogados corre a cargo del presupuesto municipal, es decir de todos los ciudadanos del municipio,  a diferencia de lo que ocurre con los concejales de la oposición que acuden a los tribunales con recursos propios”, concluyeron.

Para Salomón Martín Avendaño, portavoz del PSOE, “esta sentencia abre la puerta a que los comportamientos antidemocráticos y autoritarios no salgan impunes. La regeneración democrática comienza por dar ejemplo de transparencia y asumir las responsabilidades por los perjuicios deliberadamente condenados”

Para Francisco Ortiz, portavoz del PRC, “esta sentencia nos da la razón y respalda nuestra acción en el pleno municipal en que pedimos abrir expediente de responsabilidad por el fraude fiscal del IVA”.

Para Fernando Solar, portavoz de IU, “los vecinos no podemos asumir pagar unos 720.000€ por la mala gestión de los alcaldes del PP. Cuando el PP vende el terreno un terreno municipal, se especifica el IVA que tienen que ingresar, tanto en el BOC como en el notario y estos no lo abonan a la Agencia Tributaria. Claramente desde IU decimos: que lo paguen los responsables y nunca los vecinos”.